Trabajadores de El Siglo demandarán al Estado

Una demanda por el reclamo de B/.3 millones de salarios dejados de pagar, por daños y perjuicios será presentada en los próximos días por trabajadores del diario El Siglo ante la Corte Suprema de Justicia, luego que esa corporación de justicia condenara al Estado a pagar una indemnización a sus propietarios por daños ocasionados a raíz de su cierre ordenado en el año 1987 por el gobernador Alberto Velásquez Morales.
El abogado Candelario Santana, representante legal de los trabajadores de El Siglo, alegó que el recurso será presentado la próxima semana, luego que los trabajadores del diario acudieran a su despacho para que le fueran cancelados los salarios dejados de pagar durante el período de cierre forzoso, ordenado por las autoridades.
Santana explicó que en este caso los derechos de los trabajadores tiene prelación, debido a que son derechos adquiridos durante el desempeño de sus labores profesionales, que no fueron canceladas a raíz de una acción realizada por un funcionario gubernamental.
Inicialmente, la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte ordenó al Estado indemnizar a los propietarios de El Siglo por los daños causados por la acción del ex gobernador de la provincia de Panamá, Alberto Velásquez.
También en su decisión esa corporación de justicia establece que durante el proceso judicial, pese a los esfuerzos realizados, no se pudo establecer debidamente los perjuicios causados al diario El Siglo, por lo que la condena se aplicará en abstracto.
A la vez señala que el monto de la indemnización deberá ser aplicada con fundamento a lo previsto en el artículo 996 del Código Judicial, lo que implica la verificación de los daños ocasionados a las instalaciones del diario El Siglo.
En agosto de 1992 un tribunal dictaminó que el ex gobernador Alberto Velásquez Morales, había incurrido en el delito de abuso de autoridad al disponer el cierre y allanamiento de las instalaciones, talleres, impresoras y oficinas administrativas de El Siglo.
De acuerdo con el fallo, el Estado panameño tiene la responsabilidad de indemnizar a los propietarios del citado diario con una suma cónsona con los perjuicios que comprobadamente se hayan causado. También en el fallo se establece que en reiteradas comunicaciones a la Gobernación de Panamá se confirmó que no existían pruebas sobre esta investigación.