La Organización de los Trabajadores Víctimas de la Ley 25 de 1990 de la República de Panamá, responsabilizó a la presidenta, Mireya Moscoso, a su gobierno, y a la embajadora de Panamá en Costa Rica, Virginia I. Burgoa, por la vida y seguridad de algunos miembros de la asociación que se encuentran realizando una vigilia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicadas en el vecino país.
En una carta enviada al Defensor del Pueblo, Italo Antinori, el Comisionado Principal de la Organización, Rolando Gómez, explicó un supuesto ataque del que fueron víctimas el pasado domingo 31 de julio, a las 1:15 de la madrugada, cuando tres vehículos sin placas, un Toyota Tercer blanco, una camioneta celeste y un Jeep 4 x4 chocolate oscuro, todos con las luces apagadas y ocupados por individuos con rasgos y acento panameño, se apersonaron al lugar donde los panameños realizaban la vigilia, les lanzaron objetos contra ellos y pretendieron pasar el Jeep por encima de sus tiendas de campaña.
Luego de este incidente, y en horas de la mañana, "el compañero" Javier Muñoz, se dirigió a la Embajada de Panamá en San José, Costa Rica, para ubicar los vehículos, puesto que "nos parecieron conocidos", sin embargo y para su sorpresa el Gobierno de Panamá cambió la ubicación de su sede diplomática.
Según Gómez, este movimiento está integrado por humildes trabajadores, destituidos por el ex presidente de la República, Guillermo Endara, mediante la Ley 25 de 1990, bajo la acusación de "atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país, quienes se encuentran en vigilia permanente desde el lunes 14 de julio.
Los trabajadores destituidos anunciaron, además, que se abocarán a una huelga de hambre indefinida a partir del 7 de agosto, fecha en que se da inicio el periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agregó que los trabajadores en vigilia permanente están clamando por una administración de Justicia de manera más expedita. Señaló que el propio Sistema Interamericano se ha constituido en los garantes del establecimiento de un excesivo proteccionismo a favor del Estado panameño.
Gómez asimismo denunció que el gobierno que preside Moscoso es de la misma corriente política del ex presidente Endara, ejecutor de los actos que "violentaron nuestros derechos Humanos", por los que hoy reclaman justicia.
Continuó relatando en su nota que el agente de seguridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luis Gómez, se percató de los hechos denunciados, y también el Secretario Adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Renzo Pomi, quien procedió a solicitar a la agencia responsable de la seguridad del edificio, una costodia adicional en horas de la noche.
Gómez aclaró que las protestas que llevan a cabo son de tipo pacíficas, que sólo atentan contra su propia existencia y, además, ellos han garantizado el respeto a las instituciones existentes en Costa Rica, sin embargo, no pretenden desmayar en sus justas reclamaciones de justicia, por lo que "cualquier cosa que nos pase hacemos responsable a la Sra. Mireya Moscoso, presidenta de la República, a su gobierno y a la embajadora de Panamá en Costa Rica, Virginia I. Burgoa".
En otra nota de prensa dirigida a Luigi Einaudi, Secretario Adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gómez denunció que las normas legales debidamente establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se han interpretado y aplicado en contra de los sectores más desprotegidos y prueba de ello son las injustificadas prórrogas que se le han concedido a los diferentes gobiernos de Panamá, sin importar que se agrava cada vez más la precaria situación por la cual atraviesan los denunciantes.
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