Cuatro trabajadores panameños comenzaron ayer una protesta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José, por el supuesto incumplimiento del Gobierno panameño de una resolución de este tribunal.
La coordinadora de la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos (CODEHUCA), Celia Medrano, declaró a ACAN-EFE que la protesta es porque el Gobierno de Mireya Moscoso pretende pagar menos que lo que señala una resolución de la Corte, dictada el 2 de febrero del año pasado.
El grupo de trabajadores que realizan la protesta pacífica pertenece a 270 funcionarios públicos despedidos en el 1990 por el Gobierno de Guillermo Endara, acusados de conspirar contra la seguridad del Estado.
La CIDH falló a favor de este grupo de trabajadores, para los que demandó una indemnización y pago de daños morales por parte del Estado panameño, pero hasta ahora el gobierno de este país no ha reconocido en su totalidad lo que señaló este organismo, según la activista de derechos humanos.
Medrano indicó que en la indemnización que debe pagar, el Estado de Panamá pretende no incluir vacaciones ni aguinaldos de más de diez años de salarios caídos y, por el contrario, está deduciendo altos impuestos, lo cual viola el fallo de la Corte Interamericana.
En una carta al presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, fechada el 17 de junio, y divulgada ayer, los trabajadores advierten que van a realizar esta protesta pacífica frente a la CIDH "debido a que el máximo tribunal panamericano no está cumpliendo con la sentencia" emitida el 2 de febrero del 2001.
"Aunque el fallo establece precedentes valiosos dentro de la jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ha colocado a las víctimas de esta violación a la merced de un estado infractor de la propia Convención Americana de Derechos Humanos", precisa en la misiva.
Afirman que las víctimas de este caso están "totalmente desprotegidas" por los "abusos de poder" cometidos por el Gobierno de Moscoso, que "a través de un absurdo revanchismo político insiste en perpetuar una injusticia social y humana que ellos mismos cometieron en 1990".
"Mientras la Corte que está llamada a ser la garante de la salvaguarda de los derechos, a 124 días de desacato guarda silencio", subrayan en la carta a Pacheco.
El caso se refiere a los 270 trabajadores panameños despedidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara, acusados de sedición, que la Corte consideró ilegal y condenó al Estado panameño a pagarles los salarios perdidos e indemnizarlos si no califican para volver a instalarlos en su puesto.
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