La Contraloría transfirió ayer bienes de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para prestar el servicio de mantenimiento de faros y boyas, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió temporalmente el contrato con el Estado.
El contralor Alvin Weeden explicó que el Estado puede hacer uso de los recursos que posee PECC, hasta por más de B/.2 millones, pues durante la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria en 1997, se entregaron equipos e instalaciones que no representaron ningún costo a los accionistas.
Weeden adelantó que en una reunión con la administradora de la AMP, Bertilda García, se acordaron mecanismos para que la institución cumpla con su obligación de continuar con el servicio como lo hacía antes de otorgarlo en concesión.
"Apenas hagamos todo lo necesario, la Autoridad Marítima empezará a manejar su mantenimiento de faros y boyas como lo hacía antes", aseguró el contralor.
Por otra parte, el magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), Ricardo Acevedo, apeló la decisión del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, de descautelar los fondos del ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, porque a su juicio violó el debido proceso.
Acevedo sustentó que la resolución del pasado 11 de diciembre, suscrita por Pereira Burgos, no se ajusta al debido proceso, porque no se le corrió traslado del incidente de desacato presentado por Pérez Balladares, en el cual se arguye que la DRP no ha cumplido con la suspensión de las medidas cautelares.
También precisó que el magistrado no es competente para dictar de forma unilateral la resolución del pasado jueves, debido a que la competencia de desacato o solicitud presentado por los abogados de Pérez Balladares, es del Pleno de la Corte.
