El "obsoleto" sistema de transporte urbano ha dejado de percibir unos 2 mil millones de balboas anuales producto del desorden y la mala administración, según informó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennett.
Sin embargo, los transportistas justifican los cuestionamientos al sistema de transporte en la ausencia de la reglamentación de la Ley 34 por parte del Ejecutivo.
Según Emigdio Manzané, asesor legal de los transportistas, no se puede mejorar un sistema que no ha sido reglamentado, pues aunque exista la ley no se puede aplicar sin que el Ejecutivo haga su parte.
Dijo que la demora en que el Ejecutivo reglamente la ley, es una de las causas que provoca el desorden y la irresponsabilidad que existe en el transporte público, pues esta ley especifica un plazo de dos años para que se firmen todos los contrato de concesión, periodo que venció el año pasado.
"Yo no creo que se ha perdido el objetivo de la ley o que no ha sido eficiente, sencillamente mientras no la implementemos no podemos pedir el reordenamiento del transporte", expresó.
Mientras que el empresario John Bennett sostuvo que los cálculos hechos por la APEDE refleja las cuantiosas pérdidas que genera un transporte deficiente y desordenado, sin contar los costos de las oportunidades perdidas por mejorar este sistema.
Dijo que para ellos no hace falta cambiar los autos o echar culpas a los transportes, puesto que es la falta de un buen sistema de rutas, horarios y paradas mal distribuidas que provoca este desorden en la capital.
En tanto el director del Tránsito, Pablo Quintero Luna, dijo que se requieren cambios en la ley para que el transporte público sea reglamentado por el municipio.
Coincidió con el abogado que estos cambios se podrán hacer luego de la reglamentación, pues ellos hicieron su trabajo de presentar la ley pero no les compete la etapa en que se encuentra la norma.
"Esta ley establece parámetros específicos y hablamos de cosas muy bonitas, pero que en el fondo no lo podemos reglamentar porque la ley así no lo permite", destacó Quintero Luna.
La ley establece el reordenamiento en el otorgamiento de los contratos de concesión, para que las empresas rijan sobre estos documentos y que el Estado otorgue estas firmas.
Esta reglamentación modificó varios artículos de la Ley 14 de transporte, por medio de la cual también se creó la institucionalidad de la Autoridad del Tránsito.
Se introdujo además que todos los transportistas deben pertenecer a una organización, de lo contrario no pueden prestar el servicio.
