El presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, los miembros de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa se reunirán los próximos días con la mandataria, Mireya Moscoso para encontrar una solución a las diferencias surgidas entre ambos órganos del Estado por la aprobación de B/.20 millones para la reconversión del sector agrícola panameño.
Cortizo informó que la semana pasada los legisladores de estas comisiones se reunieron con los productores durante una gira por la provincia de Chiriquí y se comprometieron a buscar una solución al problema que afecta a más de mil productores independientes y unos 6,000 trabajadores del área agrícola en esta región del país.
Expresó que existe el compromiso de los legisladores buscar el financiamiento que se necesita para lograr la reconversión del sector agrícola, lo cual se haría a través de un proyecto de ley en el que se buscaría el financiamiento de más de B/.20 millones requeridos.
Insistió en que este dinero debe provenir del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) que al cierre del año pasado tenía más de B/.45 millones que según lo dispone la ley deben ser destinados al sector agropecuario.
Alcides Fonseca, vocero de los productores agropecuarios, expresó que la reconversión del sector es necesaria e indispensable para lograr que este sector de la economía nacional, logre los niveles de competitividad que se requieren para estar en el mundo de la globalización.
Con las condiciones actuales, los productores panameños no están en capacidad de elevar sus niveles de productividad y competir con los extranjeros, señaló.
Mientras el pleno de la Asamblea Legislativa suspendió anoche la discusión en tercer debate del proyecto de ley mediante el cual se pretendía otorgar préstamos blandos por B/.6.6 millones.
Los préstamos serían cargados al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) pagaderos a un plazo de siete años con un interés anual de 5%.
El pleno suspendió la discusión, después que se hizo pública una carta enviada por el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Bolívar Pariente, quien opinó que a través de esta norma se desconoce la facultad de esta entidad bancaria para diseñar sus políticas crediticias y se le obliga a la concesión de préstamos que resultan contrarios a las prácticas de la entidad.
