Al parecer en esta ocasión las sanciones contra los estudiantes del Instituto Nacional, implicados en actos vandálicos, sí van en serio, luego de que el ministerio de Educación (MEDUCA) emitiera ayer las primeras tres resoluciones de expulsión de estudiantes pertenecientes al FER-29.
Paradójicamente, los afectados aseguran que su organización no fue la responsable del cierre de calles ni de los actos vandálicos, ocurridos el pasado lunes 2 de junio.
La estudiante Lisbeth Robinson, quien cursa el sexto año en ese centro de estudios, dijo que el argumento utilizado para su expulsión es el de haber cumplido la mayoría de edad.
Afirmó que por ello se le traslada al sistema no regular, a pesar de mantener un promedio de 4.0 en su boletín.
Para Robinson, la medida es una represalia contra el FER-29 y la Asociación Federada del Instituto Nacional (AFIN).
Mencionó que los organizadores de la protesta del 2 de junio pasado fueron los miembros de la organización conocida como MJP, que cuenta con las simpatías de algunos educadores.
En tanto, los estudiantes Cristian Díaz y René Panca expresaron que en sus casos el argumento utilizado fue el de haber incurrido en faltas disciplinarias.
Díaz declaró que en su caso en ningún momento estuvo en la calle ese día y que además intentó disuadir a algunos compañeros para que no salieran del plantel.
No obstante, en las resoluciones de expulsión emitidas por el MEDUCA se establece que los tres alumnos fueron identificados como participantes en los incidentes.
Por su parte, Arnulfo Lennín Montilla, representante legal de los estudiantes, dijo que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por negación del derecho a la educación.
El rector del Instituto Nacional, Carlos Mora, negó la existencia de algún tipo de persecución contra los estudiantes del FER-29 y afirmó que las sanciones son el producto de la investigación realizada tras los desórdenes.
Afirmó que se sancionará a cerca de un centenar de estudiantes por los actos vandálicos cometidos.
Reacciones.
La psicóloga Geraldine Emiliani estimó que la medida de expulsión es "muy severa" y opinó que las autoridades del colegio deben intentar recuperar a sus alumnos.
"En estos casos se les debe someter a talleres de sensibilización, en donde se les enseñe a canalizar la rebeldía y la violencia", sugirió.
El dirigente magisterial, Andrés Rodríguez, calificó como exagerada la acción y planteó que existen otros correctivos aplicables en estos casos.
Según Rodríguez, esta decisión puede afectar de manera profunda la vida estudiantil de los jóvenes institutores.
