El Segundo Tribunal de Justicia confirmó una condena de 80, 64 y 58 meses de prisión a cinco integrantes de una red de traficantes de droga, a los que se le decomisaron 1,800 kilos de cocaína en operativos realizados en San Miguelito y Chiriquí.
El tribunal aplicó una pena de 64 meses de prisión a Miguel Angel Tenas, Marianela del Carmen Díaz Betegón y Alfonso Cunnigham Yángüez, mientras que impuso una sanción de 58 meses a Dagoberto Delano Henry.
Paralelamente aplicó una condena de 80 meses de prisión a Eric Ballesteros Cedeño, a quien se le vinculó con el decomiso de 800 kilos de cocaína en el taller de mecánica Marlon, ubicado en San Miguelito.
En el fallo el tribunal también dio un sobreseimiento a favor de Juan Ramón Messina, a quien uno de los sindicados había hecho señalamientos de haber participado en un tumbe de drogas en el taller Marlon.
El fiscal segundo de Drogas, Arturo González Baso, se mostró en desacuerdo con el sobreseimiento dado a favor de Juan Ramón Messina, pues a su juicio existían señalamientos directos en contra del sindicado.
A esta organización también se le vincula con un cargamento de 1,000 kilos de cocaína incautado en la provincia de Chiriquí, durante una operación encubierta realizada por agentes de la Policía Nacional.
A la vez, dentro del fallo se dispuso el decomiso y entrega a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) de una serie de bienes muebles y automóviles decomisados a esa organización criminal.
Indicó que esta práctica está causando mucho daño a los obreros, debido a que son problemas que van más allá de lo que implica una necesidad de trabajo, donde la institución adjudica una pensión por invalidez.
Aseguró que se afecta directamente a la entidad, porque se produce una gran cantidad de problemas de invalidación.
A pesar de las evidentes lesiones y el deterioro de la salud de las personas, Penagos aclaró que toda enfermedad de piel no se le puede adjudicar a los químicos y por lo tanto para solicitar una indemnización a la empresa frutera o a los fabricantes, hay que demostrar que el veneno produjo el problema en la piel, pero tiene que ser compatible con lo que se ha publicado en el mundo y lo que sabe la ciencia.
Indicó que hay enfermedades en la piel, como la psoriasis, que es un virus que no es causado por plaguicida y si algún trabajador dice eso no es correcto.
"El problema existe, pero ha sido mal enfocado, como en las intoxicaciones agudas donde nadie recuerda cuando la gente moría en Changuinola y Puerto Armuelles afectados por órgano fosforado, donde se ha logrado bajar enormemente el índice de mortalidad con los programas de salud", precisó.
Penagos destacó que las afecciones en la piel pueden estar relacionadas con los químicos y pueden ser de color blancas, grises o chocolates. De manera que los pacientes que tienen esas manchas, es recomendable demostrarlo, de manera que no se puede divulgar un problema si no es comprobado clínicamente.
Consideró necesario que el Gobierno, funcionarios de Salud, obreros y las compañías se pongan de acuerdo para controlar la situación.
"No hacemos nada si comenzamos a gritar ¡veneno en el aire!, ¡muerte silenciosa!, porque lo que se riega no son venenos agudos pero sí causan daño", dijo
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