Más de un B/. 1 millón 700 mil ha entregado este año el Tribunal Electoral (TE) a los partidos políticos y candidatos de libre postulación electos en concepto de subsidio "post-electoral", siendo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) el más favorecido, con un desembolso de B/. 627,672.48.
Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, explicó que el pago del subsidio electoral, iniciativa propuesta por este organismo, se hace trimestralmente a cada colectivo que sobrevivió tras las elecciones del 2 mayo de 1999.
En ese sentido, el Partido Arnulfista ha recibido hasta la fecha la suma de B/. 572,028.51; el Partido Demócrata Cristiano (PDC) hoy Partido Popular (PP), B/. 219,694.47; el MOLIRENA, B/. 218.072.60; el Liberal Nacional, B/. 56,152.45; Cambio Democrático, B/. 56,085.59 y Solidaridad, B/. 36,579.72.
El subsidio estatal a los partidos, que el último quinquenio ascendió a B/.15 millones, corresponde al 1% de los ingresos corrientes del Estado en el año previo a las elecciones.
El 40% de esta ayuda se reparte durante el período preelectoral y el 60% restante (poco más de nueve millones de dólares) se entrega paulatinamente luego de las elecciones.
La ayuda preelectoral, y de acuerdo con Pinilla, se divide en partes iguales para todos los colectivos que participan en la contienda y debe ser utilizado exclusivamente para propaganda y celebraciones de convenciones y postulaciones de los candidatos.
Aclaró que Panamá, a diferencia de otros países, ofrece un subsidio parcial cuyo monto se aleja de la inversión que hacen los colectivos para la postulación de sus candidatos.
En cuanto al subsidio post electoral, indicó que éste se entrega trimestralmente durante los cinco años siguientes a las elecciones. "Ya no en partes iguales, sino de acuerdo con el número de votos presidenciales que obtuvo cada partido", dijo Erasmo Pinilla.
Argumentó que se entrega en mayor porcentaje (60% del total) debido a que tras una contienda es difícil que los partidos obtengan ayuda, como ocurre en las elecciones.
"Este subsidio por lo general está dirigido para que los partidos mantengan oficinas abiertas de forma permanente. A los (partidos) que les alcanza la ley les exige que sea en todas las cabeceras de provincia, aunque obviamente a unos les corresponden tan pocos recursos que malamente pueden mantener una oficina abierta", manifestó el magistrado.