La Corte Interamericana de los Derechos Humanos iniciará un juicio en contra del Estado panameño por haber violado los más elementales derechos de 640 trabajadores estatales que fueron despedidos mediante la Ley 25 de diciembre de 1990, fecha en que apoyaron un supuesto golpe de Estado liderado por el coronel en retiro, Eduardo Herrera.
El sacerdote Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos en Panamá (COPODEHUPA), explicó que la Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, desestimó las excepciones preliminares interpuestas por el Estado panameño y decidió continuar con el conocimiento de este caso.
En aquella oportunidad se vieron afectados principalmente funcionarios que laboraban en los antiguos IRHE e INTEL, así como en el Ministerio de Educación y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Originalmente sólo 270 de los 640 trabajadores estatales afectados con esta ley, interpusieron la demanda correspondiente y en caso de un fallo favorable recibirán beneficio únicamente los funcionarios que desde el año 1993 demandaron al Estado panameño.
Los funcionarios exigieron originalmente el reintegro a sus puestos de trabajo, así como el pago de los salarios caídos, sin embargo, ante la privatización de algunas empresas como el INTEL y el IRHE, estas peticiones deben ser reformuladas.
