El yate Mister Bull de propiedad del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, está anclado en la marina del Hotel Los Sueños, en playa La Herradura en Punta Arenas, según se publicó ayer en el diario La Nación de Costa Rica.
Desde que el contralor de la República, Alvin Weeden, inició un proceso de investigación por los supuestos delitos de lesión patrimonial y enriquecimiento ilícito contra Pérez Balladares, éste sacó del país el yate Mister Bull.
Según el informe del diario, el yate tiene "varios días" de permanecer en La Herradura y a bordo sólo está el capitán, según relató John McDonald"s, director de marina de Los Sueños, quien agregó que el capitán llegó sólo para descansar un poco, y "en un par de días más, saldrá posiblemente para Panamá".
La nota describe que Mister Bull tiene aproximadamente unos 50 pies de largo (15 m) y consta de tres niveles, en apariencia es bastante lujoso y en los costados tiene una bandera de Panamá y otra de Costa Rica, y no tiene ningún tipo de matrícula.
El Mister Bull era requerido en el puerto de Pedregal, en Chiriquí, para confiscarlo como parte de la investigación en contra del ex mandatario, sin embargo, la acción no había podido realizarse porque el barco zarpó en una fecha no determinada hacia Costa Rica.
La semana anterior, las autoridades panameñas congelaron los bienes de Pérez Balladares además de dos cuentas bancarias de 6.6 millones de dólares, y confiscaron un vehículo y varias motocicletas.
La Contraloría General de la República investiga al expresidente por considerarlo "responsable solidario", en la supuesta lesión patrimonial causada por la concesión portuaria que se le otorgó a la empresa Ports Engineering and Consultants, Corp. (PECC).
¿Y el resto?. Otro tanto son aquellas mujeres que la legisladora manifiesta: "tuvieron una relación en la que creyeron y le vieron futuro. Al momento del embarazo la pareja dice "yo no quiero este nivel de responsabilidad" y se niega a reconocer al menor".
Hoy ellas tienen un recurso a su favor. La información proporcionada por Yániz de Arias indica que la norma podrá ser aplicada en cerca de "150 mil menores de 18 años que no han sido reconocidos".
No obstante, la ley incluyó sanciones para quienes declarando bajo la gravedad del juramento, no den el nombre del verdadero padre biológico. Enfrentarían penas de dos a cinco años de prisión por el delito de falsificación de documento públicos.
La legisladora aduce que no era su intención que la disposición se convirtiera finalmente en una "puerta por la que se conseguiría un reconocimiento de segundo categoría o que no era tan bueno como los otros".
Una vez la madre soltera rinda testimonio en el registro, se emite una boleta y se notifica personalmente al supuesto padre. Se concede un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de entonces y si cumplido ese periodo, sin causa justificada esta persona no se presenta se inscribirá al niño con el apellido del padre y de la madre.
Si por el contrario niega la paternidad, el Registro Civil llena un formulario firmado por la reclamante y el supuesto padre, que se remitirá al Juzgado Seccional de Familia o al de Niñez y Adolescencia. Inmediatamente el juez abrirá un expediente ordenando la prueba de ADN y fijando la fecha para la misma.
De resultar positiva la prueba, el niño adquiere de inmediato el apellido de la madre y el padre y éste último pagará los gastos, en caso contrario, es ella quien cancela el costo y es potestad del citado demandar a la reclamante, como detalló a El Panamá América el subdirector del Registro Civil, Anel Pérez.
Para Teresita Yániz de Arias la ley tendrá resultados interesantes. Es la primera vez en la historia de Panamá que la mujer señala al padre de la criatura. "Hasta ahora la madre debía esperar buenamente hasta que el padre lo reconociera. Ahora puede señalarlo y eso es revolucionario".
Mientras que Pérez, se inclina a pensar que con la Ley 39 de Paternidad Responsable los hombres pensarán dos veces sostener una relación pasajera con una mujer. "Esperemos que con ella haya más responsabilidad a la hora de la actividad sexual pues ahora las madres solteras disponen de un recurso valiosísimo".
Pérez reconoce que ante tanta demanda el trabajo en las oficinas a su cargo se ha duplicado, pero era de esperarse y lo entiende como un compromiso con la sociedad que requería capacitación para las nuevas funciones, tal como lo han hecho.
Sin embargo, la reducción del presupuesto asignado a la institución delimita el trabajo, sobre todo, a la hora de las movilizaciones. No disponen de vehículos para efectuar las notificaciones y los retrasos en el proceso son a veces inevitables.
A pesar de ello, para Pérez la ley ha sido una respuesta expedita para las madres de escasos recursos, quienes debían atenerse a un defensor de oficio y esperar hasta por tres años una resolución. Más importante aún es la forma gratuita y en ausencia de un abogado, con la que ahora puede abrirse formalmente el proceso especial en la esfera administrativa, sostuvo Pérez.
"Se trata de un procedimiento novedoso que busca acelerar los reclamos relacionados con la paternidad de los hijos", añade.
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