Y es que según el director para la América Latina de la Agencia de Asistencia Externa de la UE (Europa Aid), Fernando Cardesa García, la inestabilidad política istmeña ha contribuido a que los detenidos no logren percibir la ayuda proveniente de Bruselas.
Cardesa García advirtió desde Bruselas que "la inestabilidad de los cambios de presidentes de la Corte Suprema de Justicia en Panamá afectan el apoyo al sistema carcelario" a este país.
El funcionario europeo comparó la situación irregular de Panamá con la de Guatemala y Perú, en donde también ocurren trastornos en el sistema judicial, debido a los cambios políticos.
Los señalamientos de la UE coincidieron con un llamado a huelga de hambre por 24 horas en todas las prisiones del sistema penitenciario convocado por la Fundación Apoyo al Detenido, en demanda de que se cree una comisión de alto nivel para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario y la mora judicial.
Según Javier Justiniani, dirigente de la citada fundación, unos siete mil reos, casi el 60%, apoyó la huelga de hambre.
Indicó que en los penales más grandes en Panamá como La Joya y La Joyita iniciaron la huelga. También hubo apoyo en las cárceles de Chitré, Colón y Changuinola en Bocas del Toro.
Por su lado, la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Golcher, señaló que la huelga no tuvo el respaldo de los reos y confirmó que todos los informes indican que no hubo mayores protestas.
Reconoció que en cinco prisiones hubo algunos detenidos que se declararon en huelga de hambre, pero la mayoría ingirió sus alimentos.
En Panamá por cada 100,000 habitantes, hay 330 detenidos y el nivel de ocupación en los penales llega al 137%. Igualmente, un 58% de los privados de libertad no ha recibido condena.
