Sin tomar en consideración que estas son fuentes principales para la supervivencia de los seres humanos, estos mismos han ido poco a poco destruyendo ese recurso.
Alexis Baules, ornitólogo, guía y especialista ambiental, indicó que esta situación implicaría que nuestro país en algunos años estará más contaminado que ahora, lo que llevará a que los impactos negativos sean mayores.
Los problemas de inundaciones, las fronteras entre el hombre y la naturaleza tendrán una brecha más profunda, que llevará a que el ambiente este enormemente viciado, lo cual ya se percibe en pequeñas proporciones en la ciudad capital.
En este sentido, se refirió a la Isla de Coiba y dijo que construir una infraestructura como se pretende hacer en ese lugar, traería como consecuencia que las zonas de amortiguamiento del país sean más pequeñas.
Por ello consideró que llevar a cabo infraestructuras que vayan en contra de la conservación del medio ambiente es aumentar los problemas ambientales que se han generado producto de la devastación.
Explicó que se ha podido comprobar que la superpoblación de personas en áreas protegidas traería como consecuencia el deterioro de esas zonas y eso es lo que se percibiría si se cristalizan proyectos como el que se presenta en la Isla de Coiba o en el Parque Internacional la Amistad y el Volcán Barú.
Aunque se ha planteado que a través de estos proyectos se tomarán en cuenta las medidas de seguridad para salvaguardar los intereses ambientales que existen, Baules aseguró que difícilmente se podrá lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación.
Pues las personas no están acostumbradas a ello por eso estarían en la obligación de recibir una educación adecuada previa para conocer cuáles son los parámetros a seguir para no perjudicar el ecosistema.
Destacó que una vez ese costo de mantener al inversionistas sobrepasa el beneficio social de la inversión, entonces debe considerarse un "mal negocio" para el país y debe corregirse. Sosa argumentó que los contratos con las trasnacionales que operan en Panamá no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado ni siquiera dictando normas legales posteriores al contrato.
Aunque el Estado posee mecanismos para monitorear, supervisar, auditar y exigir el cumplimiento cabal del contrato ley por parte del inversionista, dijo.
Panamá abrió las puertas a las inversiones extranjeras mediante una serie de privatizaciones y modificaciones durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares.
En la actualidad, el gobierno intenta atraer inversiones que a su vez generen otras inversiones que contribuyan a la economía del país.
Por ejemplo, mencionó el caso de Manzanillo International Terminal donde antes la carga que venía hacia Panamá era sólo para la Zona Libre. Pero hoy el 80% de los contenedores que mueven son contenedores de transbordo, o sea son desembarcados en Panamá para después ser transportados a otros destinos portuarios, por lo que se ha creado una economía nueva con el recibo de mercancías.
Sin embargo, el jurista cuestionó que el caso de Panama Ports Company (PPC) no justifica el interés social porque se ha eximido a PPC de darle 23 millones de dólares al Estado anualmente.
8A la vez señaló que esta acción trastoca la seguridad jurídica de otras compañías en el mismo rubro como Manzanillo International Terminal, indicó.
Según Sosa, PPC solicitó la modificación de su contrato ley para obtener mayores beneficios. “El Estado accedió y perdió una suma de casi mil millones de dólares en 45 años, toda vez que este contrato exigía pagar al Estado 28 millones de dólares anuales”, destacó.
"Con la modificación PPC debe pagar $6.00 por contenedor al Estado y se calcula que para el 2003 moverían unos 500 mil contenedores, es decir, el Estado recibirá 3 millones de dólares" señaló. En el caso de las eléctricas, dijo que éstas fueron creadas por otra vía y no por contrato ley mediante la aprobación de la venta del 51% de las acciones, las cuales a través de una subasta donde las empresas se comprometen a pagar $211 millones por el 51% de las acciones.
Posteriormente, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) hace un contrato de concesión a 15 años con la empresa ganadora para la distribución de energía eléctrica.
Sin embargo, según el jurista a los 14 años, un año antes que culmine la concesión, ese 51% de acciones volverá a ser objeto de otra subasta en la cual si la empresa actual ofrece la mayor cantidad mantiene su concesión en el mercado de lo contrario, se le devuelve la suma de la compra de las acciones y se hace un contrato con la nueva empresa por un período de 15 años.
De manera que el sector de las empresas de distribución eléctrica entra en otra categoría de empresa privada al vendérseles el 51% de las acciones mediante una concesión dada por el ERSP, sostuvo Sosa. En este caso consideró que el ERSP debe actuar y no permitir que estas empresas tengan un mayor ingreso neto que una empresa en competencia.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
