Un alto al robo de cables

El hurto de cables telefónicos mantiene inquieta a la ciudadanía y a representantes de la empresa Cable & Wireless Panama (C&W).
El primer semestre de este año le ha significado a la compañía una inversión de más de B/. 1.8 millón para reponer los daños ocasionados por quienes se dedican a esa práctica que se ha convertido en "un negocio rentable" para ellos.
Según informes de C&W, los gastos en materia de reparación y reposición de cables de tendido eléctrico se han duplicado en comparación con los del 2005.
En todo el año, la inversión en esta materia fue de B/.800 mil.
Pero, las autoridades pretenden poner un alto al asunto.
El viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, presentó un borrador de un decreto de ley que busca regular la compra y venta de metales en Panamá.
Paredes explicó a Panamá América que este decreto de ley debe salir en Gaceta Oficial a más tardar la próxima semana, sólo se está a la espera de la aprobación.
Dijo que el decreto se presentó a petición de las empresas más afectadas por el hurto de cables de cobre y aluminio como lo son ETESA, C&W y la Autoridad del Canal de Panamá.
De esa forma se podrá sancionar directamente a las personas que se dedican a comprar estos materiales que provienen de ilícitos.
"Con ello se les obligaría incluso, a las casas de empeño, a que registren el nombre tanto de quien vende como de quien compra en un establecimiento determinado", sostuvo.
Informes de C&W señalan que en el 2003, la libra de cobre se cotizaba en 30 centésimos. En la actualidad, los precios que llegan a pagar las casas compradoras de hierro son de hasta B/. 3.
Directivos de C&W han insistido en la necesidad de que las instituciones trabajen en conjunto al momento de imponer las sanciones.
Rogelio Kowaleski, vicepresidente de Seguridad de la Red de Cable & Wireless Panamá (C&W), indicó que se está tratando de restablecer el servicio donde todavía no ha sido posible, pero esto requiere un proceso.
Hay que traer del extranjero los cables que compaginen con los que han sido robados y "eso no es fácil".
Además, se requiere de la participación de la comunidad para que denuncien el ilícito directamente a la línea gratuita 800-2485.
Al referirse al caso específico de Samaria, Kowaleski contó que hace poco se colocaron los cables telefónicos para restablecer el servicio y al día siguiente los delincuentes "barrieron" con ellos.
"Antes, volver a colocar los cables demoraba únicamente días, en la actualidad, como se han incrementado los casos, se ha extendido semanas e incluso meses", sostuvo.
Pese a esto, Kowaleski considera que las penas no son tan duras como se quisiera, porque para él eso no es un "simple robo de un cable", sino un atentado contra la seguridad colectiva.