Tres escándalos sacudieron duramente a la educación pública panameña durante el año 2008.
Los tres tienen algo en común: fueron explotados y seguidos minuciosamente por Panamá América.
Se trata del desfalco del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), en San Miguelito, de las contrataciones dudosas de empresas para la remoción de la fibra de vidrio de las escuelas del país y de los contratos directos dados a empresas con vínculos familiares y políticos para reemplazar escuelas rancho.
Si bien el escándalo del desfalco del FECE inició a finales del 2007, fue durante el 2008 que se produjo la mayoría de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción.
El procedimiento utilizado para desfalcar el FECE fue el uso de cheques de la Institución hurtados por administrativos del Ministerio de Educación de San Miguelito, para pagar compras y servicios inexistentes, algunos, a empresas fantasmas.
El ilícito fue cometido por una red compuesta por administrativos del FECE en la Dirección de San Miguelito, docentes, empresarios inescrupulosos y particulares.
La fiscal primera Anticorrupción, Mercedes de León, informó que las pesquisas están en su parte final y que se prepara una solicitud de llamamiento a juicio para los 38 implicados.
De los vinculados al desfalco, 11 están detenidos, 12 permanecen prófugos de la justicia y el resto fue favorecido con medidas cautelares.
La Fiscalía determinó que el monto del desfalco fue de B/ 1.5 millones y que afectó a 19 escuelas de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres.
El 23.5% de las 85 escuelas del área fueron afectadas por esta red.
Las autoridades determinaron que los implicados emitieron y cambiaron 468 cheques, de los cuales 415 eran falsos.
Fibra de vidrio.
El primer campanazo de lo que sería uno de los peores escándalos en Educación lo dio el Panamá América el 22 de abril de 2008. Publicamos que la principal implicada en el desfalco del FECE, Joaquina Gallardo, declaró ante la Fiscalía Auxiliar que los B/ 5 millones destinados para remover la fibra de vidrio de las escuelas sería el próximo blanco de la red a la que ella pertenecía.
El diario descubrió que entre las empresas contratadas directamente por el ministro de educación, Belgis Castro, figuraban algunas que no aparecían oficialmente inscritas, otras con pocas semanas de creación y al menos cuatro que vendían golosinas o equipos de computadoras; nada que ver con la remoción de fibra de vidrio.
El equipo del Panamá América se fue a las escuelas apartadas de Bocas del Toro y descubrió que en algunas, que aparecían como saneadas por el Meduca, nunca ha habido ni un centímetro de fibra de vidrio.
Por todo el país se registraron casos de escuelas mal saneadas, lo que provocó cierres de planteles, hasta por un bimestre, con la consiguiente afectación del sistema escolar y universitario.
Todo esto, como consecuencia de la contratación de empresas que no tenían personal, equipo ni experiencia para efectuar un trabajo, que como este, es tan delicado para la salud.
La investigación del Panamá América y el escándalo por estas contrataciones produjeron que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación penal, ante una denuncia presentada por el abogado Guillermo Cochez.
Como fruto de esta investigación, la Fiscalía consiguió levantarle el fuero electoral al ex ministro Belgis Castro, ahora candidato a diputado por el oficialista PRD en Chiriquí.
La Fiscalía está a la espera de una auditoría de la Contraloría de la República para analizar cada contrato y decidir si llama a los empresarios involucrados.
Las empresas cobraron B/ 25 por cada metro de fibra removido (un precio elevado, según el Meduca, por lo especializado del trabajo) y el Estado les pagó un adelanto del 50% para que pudieran empezar su labor.
Escuelas rancho.
El Panamá América descubrió que en las contrataciones directas del Programa Escuelas Dignas por Escuelas Rancho se favorecieron empresas con vínculos familiares con altos funcionarios del Meduca, con algunos políticos del PRD y empresas recién creadas que recibieron en conjunto más de B/ 2 millones en contratos.
A pesar de la denuncia del diario, ni el Ministerio de Educación ni la Procuraduría de la Nación han investigado estos contratos.
