Como un "engaño" de la clase política calificó el jurista Evans Loo, el Pacto de Estado por la Justicia.
A su juicio, con el pretexto de eliminar la percepción de corrupción que se transpira en toda la administración de justicia del país, se firmó un supuesto Pacto de Estado por la Justicia, cuyos objetivos son transformar ese órgano.
Para ello, se designaron comisiones técnicas que prepararán una agenda de trabajo y formularán propuestas.
Pero, según Loo, el resultado no fue otro que la modificación de los códigos Penal y Procesal Penal, sin tocar en lo absoluto la raíz del problema, que es lograr transparencia, independencia y eficiencia en ese órgano.
"Los proyectos presentados por la comisión codificadora no tienen otro objetivo, sino anular los procesos de alto perfil, que están en la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales del país", acotó.
Afirmó que para lo único que van a servir esos proyectos es para liberar de responsabilidad y producir absoluta impunidad a delincuentes de "cuello blanco" y corruptos bajo investigación.
Agregó que la existencia de mecanismos de selección judicial politizados, los salarios relativamente bajos de los jueces y otros operadores de justicia, y la carencia de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, han contribuido a que la percepción de la institución judicial sea como la de una institución altamente corrupta.
Informes colombianos obtenidos por Panamá América revelan que en el 2002, se celebró una cumbre de la mafia en Panamá, en la que participaron miembros del clan Arellano Félix con capos del cartel del Norte del Valle.
Baruch Vega, supuesto intermediario entre los narcos y la agencia antidrogas de EEUU., destacó en una entrevista publicada por el diario colombiano El Espectador, que en Panamá siempre se notificó de esas reuniones, y que el gobierno panameño, la embajada estadounidense en Panamá y en Bogotá lo sabían.
Según el agente, en esas reuniones siempre estuvieron presentes agentes de Panamá y Bogotá.
En las reuniones entre noviembre del 99 y febrero del 2000, entre miembros del clan Arellano Félix con capos del cartel del Norte del Valle, se dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas, entre ellas varios testimonios, de las negociaciones que los Arellano han estado haciendo con la guerrilla, y los contactos que han sostenido.
En este caso sobre el tráfico de armas, el 20 de enero de 2004 la Policía descubrió que uno de los contactos de Wayne Lever Duke (reconocido contrabandista colombiano) en Cali estaba gestionando la compra de 200 fusiles AK-47, medio centenar de lanzagranadas, rockets y otros materiales de guerra.
El comprador era nada más y nada menos que el Frente 14 de las FARC a cargo de Fabián Ramírez. El negocio se cerraría en Panamá.
Durante seguimientos se estableció quiénes eran los contactos de Lever y las FARC de Colombia y la red en Centroamérica, de donde saldrían las armas. Las autoridades colombianas le cercaron los contactos de Lever, y mientras consolidaban el caso consiguieron que el cargamento que estaba necesitando las FARC no llegara a tiempo, con lo que el "negocio" con ese grupo se dañó.
El inconveniente para Lever es que ya tenía listo en Honduras gran parte del cargamento, por lo que decidió buscar un nuevo cliente, una facción del cartel del norte del Valle.
El negocio se cerró en Panamá hasta donde lo siguió la Policía colombiana en coordinación con autoridades de ese país.
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