MILES DE personas han sufrido el dolor de perder un ser querido en un accidente de tránsito, pero el sufrimiento es más profundo si un conductor ebrio es el causante de la tragedia.
Panamá América tras una investigación pudo constatar que no hay una política de Estado para contrarrestar el flagelo en que se han convertido este tipo de accidentes.
Es cierto que en Panamá la Ley prohíbe manejar en estado de embriaguez por las carreteras y avenidas, independientemente del grado de alcoholemia que tenga el individuo. Pero, eso no es suficiente.
Actualmente no existe un programa de seguimiento para que los infractores cumplan una rehabilitación, luego de ser sancionados por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como lo establece el Reglamento de esa entidad.
Según informes obtenidos tampoco hay una política de Salud Pública dirigida por el Ministerio de Salud (MINSA), para aquellas personas a las que se les ha determinado, mediante los exámenes de alcoholemia, un problema de riesgo o la enfermedad propiamente dicha.
Como si fuera poco, la ATTT, no tiene cifras actuales sobre la cantidad de personas que han sido sancionadas por conducir con aliento alcohólicos. La última estadística es de agosto del 2004 y revela que a nivel nacional fueron sancionadas 2,564 conductores.
Los accidentes vehiculares se han convertido en la segunda causa de muerte, como ejemplo podemos mencionar el accidente en Bocas del Toro, donde 11 personas perdieron la vida. El análisis de alcoholemia arrojó que el conductor del auto pick up que las transportaba estaba ebrio.
A nivel nacional dos iniciativas de ley presentadas a la Asamblea Nacional por diputados de gobierno y oposición fueron engavetados y duermen el sueño eterno, tras tocar los puntos más sensibles que hubiesen podido evitar más accidentes y muertes en las carreteras del país.
Se trata del Anteproyecto de Ley No. 165 presentado ante la Comisión de Comunicación y Transporte el cual pretendía dictar las normas relacionadas con la suspensión, revocación, cancelación y restricción de licencias de conducir en la República de Panamá, el cual fue impulsado por el diputado panameñista, Manuel Grimaldo
El otro proyecto promovido por el oficialista y médico Iván López pretendía regular y modificar la Ley "Que establece el nivel legal de alcohol en la sangre de los conductores, compatible con la seguridad vial y se modifica el Decreto 160 de 1993".
Para Grimaldo, literalmente el rechazo radicó en las disputas políticas internas que existen en la Asamblea Nacional y que están por encima de los intereses del pueblo panameño.
Explicó que su anteproyecto presentado el 26 de septiembre de 2005, buscaba que existiera conciencia en los conductores que manejan por las calles, más que todos jóvenes, que compiten en regatas y consumen alcohol. Grimaldo recordó que fue acusado por sus propios colegas de querer jugar con el dolor de las víctimas.
Para el parlamentario era importante que se hiciera justicia para todos los seres humanos que perdieron sus vidas producto de la velocidad y el alcohol, como para aquellos que quedaron discapacitados tras un accidente vial.
"Pienso que en vez de una reglamentación necesitamos una nueva ley de transporte, donde se castigue firmemente a "los asesinos del volante que vemos en las calles manejando en estado de embriaguez", sentenció.
Su proyecto también buscaba señalar públicamente a aquellas personas responsables de homicidios culposos por accidentes vehiculares.
"El anteproyecto no se ha discutido, porque a la batería del PRD no ha querido de alguna manera que en este país se sancionen a los responsables, ya que por ser parte de la oposición con una bandera panameñista no me puedo llevar este logró, eso me lo hicieron saber", reveló Grimaldo.
Por su parte, el diputado oficialista Iván López, pretendió establecer una reglamentación del nivel legal de alcohol en la sangre de los conductores, compatible con la seguridad vial, propuesta efectuada el 2 de octubre de 2005.
La iniciativa fue presentada y prohijada en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, por el presidente Alejandro Vanegas; Franz Wever, vice presidentes (ambos transportistas); Agustín Escudé, secretario y los comisionados Carlos Afú, Denis Arce y Luis Carlos Cleghorn.
Para López es necesario e importante reducir el número de personas que conducen automóviles en estado de embriaguez.
Según el parlamentario oficialista las cifras obtenidas del informe Análisis de la situación de Salud en Panamá, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la OPS y el MINSA; señala que el 46% de muertes en Panamá es debido a causas externas de mortalidad y dentro de estas, las mayores tasas son debidas a los accidentes de transporte terrestre.
Estimó que este factor también está ligado a los estudios de la cantidad de alcohol que se ingiere y que no hay un límite seguro, ya que un solo trago de bebida alcohólica puede afectar al conductor de un vehículo.
Planteó la necesidad de tomar medidas administrativas, de divulgación y educación, además de mayores sanciones judiciales y la mejora de los sistemas de transporte público alternativos.
Otras recomendaciones fueron: la reducción de la disponibilidad de alcohol en las zonas próximas a las vías, así como la detección y la rehabilitación y reinserción del conductor reincidente en manejar ebrio.
