En efecto, uno de los problemas educativos de mayor impacto en la educación nacional es el de los maestros multigrados. El fenómeno se refiere al desarrollo de la enseñanza a cargo de un educador o educadora que atiende de forma simultánea a dos, tres cuatro, cinco y hasta los seis grados de la enseñanza primaria. La cantidad de estudiantes a cargo de un educador puede llegar así a 80 y hasta 100 alumnos.
A cada grado deben impartirle todas las asignaturas del plan de estudio; muchos de estos educadores son directores de la escuela, atienden los problemas disciplinarios, llevan las estadísticas del plantel, asumen cierto liderazgo comunitario y deben hasta supervisarse ellos mismos. Laboran en áreas de difícil acceso, en escuelas que carecen de todo tipo de recursos didácticos, sus estudiantes son pobres, desnutridos, con lo cual la enseñanza se vuelve más compleja.
Esta situación es especialmente dramática en la provincia de Veraguas, donde según cifras oficiales correspondientes al año 2001 del Departamento de Estadística de la Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, funcionan 401 escuelas multigrado.
Las cifras oficiales de la Dirección de Estadística Educativa del Ministerio de Educación para el año 2001 indican que de un total de 2,805 escuelas primarias oficiales, 2,111 son multigrado, con una matrícula que asciende a un total de 107,906 estudiantes. El porcentaje es de 75%. Esta cifra indica la gravedad de la situación que afecta dramáticamente la calidad de la educación panameña.
¿Es posible lograr calidad de la enseñanza con uno o dos maestros que atienden simultáneamente a varios o todos los grados del nivel de Educación Básica General a la vez? ¿En estas condiciones, el maestro logra cumplir satisfactoriamente los programas de estudio? ¿Con qué recursos didácticos cuentan para desarrollar su labor? ¿Quién lo supervisa?
Las condiciones de infraestructura de estas escuelas están muy lejos de ofrecer a sus estudiantes un aprendizaje que los capacite para incorporarse al mundo del trabajo.
Las vías de comunicación en estas áreas dificultan aún más las posibilidades de brindarles mejor atención. En su gran mayoría estos educadores residen en las mismas comunidades en las que se encuentran ubicadas sus respectivas escuelas. Se ahorran así el tiempo y los gastos de movilización.
Cabe destacar que el salario mensual de estos educadores oscila entre los B/ 350.00 cuando comienzan a laborar y los B/ 550.00 luego de muchos años de servicio.
Quizá el único incentivo que tienen los educadores multigrado es el derecho a un pequeño sobresueldo por trabajar en áreas de difícil acceso, que sin duda no compensa el alto nivel de sacrificios que implica vivir y educar a centenares de niños y niñas en evidente situación de marginalidad social.
La respuesta al problema del maestro multigrado se encuentra más allá de los linderos de la responsabilidad estricta del Ministerio de Educación: la dispersión geográfica de la población, la creciente migración de las áreas rurales hacia la ciudad trae consigo que las familias abandonen progresivamente los pequeños poblados. De esta forma las escuelas rurales se quedan con menor número de matrícula que atender. Y entonces vienen los traslados y los ajustes de personal.
¿Cómo lo logran? Dividen cada salón de clases en varios grupos, generalmente las esquinas y en el centro otro grupito de veinte niños trabajan con uno o tres libros de texto.
Mientras la maestra explica la clase de matemática para primer grado, los niños y niñas de segundo grado contestan un ejercicio de español; entre tanto los estudiantes de tercer grado con la ayuda del más aventajado del grupo, trabajan en un pequeño huerto escolar; los de quinto grado leen una lección de ciencias naturales y los de sexto grado repasan un ejercicio de estudios sociales. Es una verdadera hazaña, declara Carmen López, maestra de la escuela Platanares del Distrito de Chepo, en la provincia de Panamá.
"Es difícil planificar actividades para todos los grados y para todas las asignaturas, para todo un año. El cansancio y la falta de supervisión son nuestros mayores problemas", advierte la maestra con muestras de evidente desencanto.
Al ser entrevistados, varios educadores que trabajan en esas condiciones confesaron los sacrificios permanentes que deben realizar para lograr impartir la docencia.
La deserción de los estudiantes es otro problema al que deben enfrentarse. Las distancias entre las casas y las escuelas son abismales: horas y horas, muchos estudiantes ni tan siquiera tienen zapatos o un paraguas para desafiar las tormentas.
La pobreza y la soledad en que se encuentran estos centros educativos hace que cada jornada escolar se realice de forma lenta y con grandes vacíos académicos.
¿Y la supervisión? El Ministerio de Educación cuenta con menos de una docena de supervisores para atender 2,111 escuelas multigrado en todo el territorio nacional.
Una propuesta sobre cómo enfrentar el problema lo dio la educadora Nelva Reyes, quien cuenta con una gran experiencia en materia de escuela multigrado.
Según Reyes, el problema proviene de la falta de una política integral por parte del Ministerio de Educación. Una alternativa, según la educadora, podría basarse en la construcción de algún centro educativo- tipo internado- que permitiría a los estudiantes permanecer mayor tiempo en la escuela y resolver así el problema de los traslados de las grandes distancias de cada comunidad hacia la escuela.
Un grave problema según Reyes, es que la gran mayoría de la niñez que ingresa a las escuelas multigrado no ha tenido la experiencia de la educación inicial. En ese sentido agregó que debe fortalecerse la atención a los padres y madres de familia debido a que en el área rural se vive el fenómeno del analfabetismo funcional por lo que el apoyo de estos a la educación de sus hijos es muy limitada.
Reyes mostró también su preocupación porque los textos escolares que se les suministran a los estudiantes se basan en los esenciales mínimos de cada materia, por lo cual propone que se apoye de manera más intensiva y permanente a los docentes para que logren un mejor desempeño en sus labores.
La embarcación “Cherokee Arrow” fue detenida en el Puerto de Coco Solo, Colón con 30 fusiles AK-47, 14 M-16, tres PMK y municiones trazadoras. En esta acción se detuvo a ocho personas.
En agosto del 2001, en el sector de La Siesta, en Tocumen, se confiscaron 10 AK-47, pistolas nueve milímetros y 156 paquetes de cocaína.
El pasado año, en la comunidad de Nuevo San Diego, Pacora, se desmanteló una banda de nueve personas a la que se le incautó un cargamento de AK-47, RPG-7 y ametralladoras M-14. Estas armas iban con destino a Puerto Obaldía, en la comarca Kuna Yala.
A su vez, en 1997 se incautó un cargamento de armas en su mayoría AK-47 y explosivos que tenían como presunto destino Colombia, pero cuyo propietario argumentó que eran armas de la invasión de diciembre de 1989.
En 1998 la Unidad de Terrorismo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, solicitó a las autoridades judiciales panameñas, mediante un exhorto, investigar una supuesta red de traficantes de armas colombianos que operaba aquí y tenía nexos con casas comerciales ubicadas en Panamá.
De acuerdo con el exhorto, se solicitaba la ubicación de un grupo de 28 personas presuntamente vinculado al tráfico de armas con destino a los movimientos guerrilleros colombianos y que estarían operando entre Colombia y Panamá.
Tanto la Policía Técnica Judicial (PTJ), como la Policía Nacional han reconocido la porosidad de la línea fronteriza con Costa Rica, debido a la existencia de unas 200 trochas por las que se puede mover cualquier cosa, desde drogas y armas hasta indocumentados.
La PTJ tiene proyectado la instalación en la frontera tico-panameña de un sistema electrónico de vigilancia que sería financiado por organismos internacionales, pero que aún se encuentra en fase de estudio.
Este sistema involucraría el establecimiento de un centro de acopio de información que conectaría a diversos estamentos de seguridad para una reacción rápida ante cualquier situación que atentara contra la seguridad nacional.
Entre las rutas terrestres usadas por los contrabandistas para introducir las armas desde Costa Rica figuran, en la provincia de Bocas del Toro, el sector de Guabito y Bastimento. En tanto que en la provincia de Chiriquí se mencionan las áreas de Río Sereno, Paso Canoa, Piedras Gordas y Las Delicias.
Entre tanto, en la Provincia de Colón se menciona la Zona Libre de Colón, Viento Frío y los puertos de Coco Solo y Cristóbal.
En el área del Pacífico se ha establecido que los puntos más vulnerables para esta actividad son Chame, San Carlos, Juan Díaz, Coronado y Pacora. En Darién se han fijado áreas como Puerto Obaldía y el Río Jaqué.
Por su parte, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó como débiles las explicaciones dadas por las autoridades para impedir la entrada de armas de guerra al país y que tienen como destino grupos insurgentes colombianos.
Smith señaló que las autoridades ejecutan labores de revisión en Jacú, de los camiones y automóviles que ingresan al país. También lo hace en Río Sereno y en la garita de Risacua, en la provincia de Chiriquí.
Desechó la excusa de la porosidad en la frontera, toda vez que aunque los cargamentos entren por trochas, deben pasar forzosamente por los tres puntos citados en la provincia chiricana.
En octubre del 2001, la Policía solicitó un crédito al Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de B/.3.5 millones, que sería utilizado en equipo para el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN) y la Policía Nacional, pero los encargados de estas instituciones nunca han dado detalles de las compras ejecutadas.
La Policía también compró visores nocturnos para asignarlos a la Policía de frontera, así como morteros, tras un ataque escenificado por guerrilleros en la comunidad darienita de Nazaret, donde falleció una menor de edad y hubo varios heridos.
También la Embajada de los Estados Unidos donó al SMN varias embarcaciones para realizar trabajos de vigilancia en las costas, a fin de interceptar embarcaciones que transporten armas, droga o indocumentados.
Sin embargo, el gobierno nunca ha dado a conocer la cuantía exacta de lo que gasta en materia de seguridad y en la compra de armamentos. Generalmente, al preguntarle al director de la Policía, Carlos Barés, sobre este tema se vuelve muy elusivo y responde que se han comprado “muchas”.
También el abogado Miguel Antonio Bernal ha señalado que el pasado año la Policía anunció la compra de B/.5 millones en equipo bélico, pero nunca se han revelado las cantidades y cómo se ejecutó esta compra. Sobre Vacamonte hay que decir que no hay la menor duda que fue una decisión muy acertada sacarlo fuera de la ciudad para evitar la contaminación que se estaba llevando a cabo en la bahía de Panamá.
Pero con el tiempo es una industria que aporta muchísimo al gobierno y al país.
Si se privatizara Vacamonte se convertiría en un monopolio de los más fuertes, pero hay que mantener el equilibrio en un área que ha sido tan exitosa hasta el momento.
Creo que cuando mejore el servicio de agua, y cuando podamos dragar el acceso, va a mejorar Vacamonte.
Acabamos de instalar unas ocho grúas para manejar las canastas grandes de camarones . Estas grúas existían desde que fue fundado este puerto desde que yo fui director de la Autoridad Portuaria y se hicieron ciertas inversiones.
En esta etapa se ha instalado un sistema eléctrico, se han comprado ocho grúas que están instalándose y sentimos que igualmente hay posibilidades en el futuro de que se pueda dragar el acceso a Vacamonte. ¿Cuál es el calado aconsejable de Vacamonte para ampliar sus actividades?
Actualmente tiene un calado entre 18 y 20 pies. Igualmente entre los proyectos de la Presidenta de la República a través del gobierno japonés, que trajo 17 técnicos para hacer unos y para mejorar ciertos puertos del interior y establecer unos centros de acopio, en particular en la península de Azuero.
Ha aumentado la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal.
Hemos hecho también una inversión en Puerto Mutis y en otros puertos menores. Igualmente en La Palma y Jaqué en el Darién se han hecho inversiones.
La infraestructura del interior es sumamente importante porque evita la posibilidad de que nosotros tengamos muchas más personas dedicadas a actividades en la capital.
Así tenemos la posibilidad de equilibrar la situación que se presenta en el país.
Los puertos pequeños generan la posibilidad de trabajar en otras actividades a personas de esas localidades y puedan llevar beneficios a sus familias. Y así ya no van a venirse a la capital.
