La promesa de acabar con el problema del transporte arrancó el 23 de octubre de 2010, cuando los panameños conocieron de cerca lo que sería, en adelante, la nueva flota de buses que reemplazaría a los “diablos rojos”.
Pero un año después, justo cuando se conmemora el quinto aniversario de la tragedia del bus 8B-06, en la Avenida Martín Sosa, en donde murieron 18 personas calcinadas por las llamas, Marcela García aún espera que el sistema mejore.
Una vez a la semana, García viaja desde Don Bosco hasta el centro de la ciudad a comprar los materiales para su taller de modistería. Para ella, lo nuevo ha sido el aire acondicionado, porque todavía tienen que ir de pie, pagar más en los corredores por la misma incomodidad, esperar más y, encima, después de un tiempo, el pasaje será más costoso.
La percepción de García también la comparte Luis Contreras, uno de los sobreviviente de la tragedia de La Cresta. Aunque aseguró que las cosas aparentan ir por buen camino, falta mucho por hacer, de acuerdo con lo que se prometió.
“El mayor problema está en la frecuencia de los buses y el servicio que deberían prestar las 24 horas, como se dijo, ya que pasadas las 9.00 p.m. el servicio es escaso. Me tocó vivirlo”, dijo.
Otro de los escollos que enfrenta el nuevo sistema es la puesta en marcha de un plan de educación vial integral, que se implemente en los planteles para que el proceso de adaptación sea más llevadero y las partes conozcan cuáles son sus derechos, destacó Contreras.
Sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, reconoció que todavía se trabaja en la integración del sistema al 100%. A su juicio, mientras no se completen los componentes (buses, paradas y recaudo), las molestias persistirán.
Sin embargo, garantizó que el costo del pasaje seguirá subsidiado hasta mayo del 2012, cuando se espera que se haya concluido el reemplazo total de los “diablos rojos”, una promesa que, paralela a la solicitud de justicia que reclaman los familiares de las víctimas y sobrevivientes del bus 8B-06, el Gobierno adoptó para evitar que más personas murieran en manos de un sistema que colapsó. El avance, un año después, alcanza el 70%.
Reclaman justicia.
Noemí Castillo participará hoy de los actos de recordación en la Avenida 23 de Octubre. Allí, junto a los miembros del comité, que lleva como nombre la fecha de la tragedia, colocará flores en el monumento en donde están escritos los nombres de su madre y hermana, Agripina y Yaneth Sánchez, respectivamente.
Como todos los años, Castillo tiene programado visitar la tumba, en donde descansan sus seres queridos, en Las Praderas de la Paz, en La Cabima de Alcalde Díaz.
Resignada, cuenta que su madre le ha dado la fortaleza para continuar la lucha que emprendió hace seis años, cuando creó la Fundación del Niño y la Niña de Gonzalillo. “Hacer el bien fue el legado de mi madre y en eso voy a trabajar”, dijo.
Agrupación.
Los integrantes del Movimiento 23 de Octubre no pierden la esperanza de que el Estado los indemnice y se dé un verdadero cambio en el sistema de transporte.
David Ramírez, dirigente de la agrupación, lamentó que los máximos responsables de la tragedia “no hayan purgado pena por la muerte de las 18 víctimas del incendio”.
Ramírez señala directamente al entonces director del Banco Nacional de Panamá, Bolívar Pariente, quien en representación del Estado otorgó el dinero para la compra de los buses; y a los directivos de la empresa F. Icaza, quienes fueron los que importaron los buses. “En ese sentido no se ha hecho justicia con los máximos culpables”, dijo.
Ramírez cuestionó, además, la premiación que hizo el Gobierno a los transportistas, de que todos hayan recibido las compensaciones para salir del negocio, a pesar de que muchos son responsables de un sinnúmero de muertes que en muchos casos quedaron sin castigo.
Por el momento, solo se ha logrado que el Juzgado Primero de lo Penal condenara, por el accidente, a los hermanos Ariel y Próspero Ortega, dueño y conductor del bus, respectivamente. Ambos ya cumplieron los tres años de la condena.
