Un tema que levanta las pasiones

El Auditorio de la Universidad Santa María la Antigua (USMA) fue el escenario perfecto para que estudiantes, periodistas, abogados y particulares debatieran el agudo tema de la libertad de expresión y la demanda millonaria que interpuso el magistrado Winston Spadafora contra la Editora Panamá América (EPASA) y los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio.
Lo que empezó (a las 6: 00 p.m. del martes) con una amplia y técnica exposición de las partes involucradas en el litigio legal, terminó en un encendido debate, con posiciones a favor y en contra de los periodistas y el magistrado.
Spadafora denunció penalmente a Chéry y Aparicio por supuesta calumnia e injuria, luego que éstos firmaran una noticia sobre la construcción por parte del Fondo de Inversión Social (FIS) de una carretera en La Chorrera de 4.6 kilómetros y B/.2.5 millones de costo, que en un tramo llegaba prácticamente sólo hasta las fincas del hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del entonces contralor Alvin Weeden.
El juez Secundino Mendieta desechó la acusación de calumnia sobre los comunicadores, pero los condenó a 12 meses de prisión por injuria. Ambos periodistas fueron indultados por la presidenta Mireya Moscoso, sin embargo, Spadafora decidió acudir a la esfera civil y demandarlos, junto a EPASA, por B/.2 millones.
Este litigio ha creado una polémica que deberá ser resuelta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sentados en la mesa principal del Auditorio de la USMA estaban los abogados de Spadafora: el exprocurador Rogelio Cruz y el exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad; así como el demandado Chéry, el abogado de EPASA, Rogelio Saltarín y Guido Rodríguez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el tema de la libertad de expresión.
La tanda de preguntas y respuestas inició con el cuestionamiento que hizo un abogado a los defensores de Cruz. ¿Por qué incluyeron al periodista Aparicio en la denuncia penal, cuando éste sólo escribió la parte de la noticia en la que Spadafora hacía sus descargos?
Entonces, Abad se levanta y aduce que como Aparicio, si bien no participó tan a fondo en la confección del reportaje como Chéry, aparecía en los créditos de la nota, por lo que el juez dictaminó que ambos comunicadores causaron daños al honor de su representado.
Posteriormente, otro abogado cuestiona fuertemente a Chéry y le pregunta cuántas veces ha sido demandado. Enseguida el periodista responde que en cuatro ocasiones y siempre por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Chéry continuó su defensa argumentando que durante su carrera siempre ha escrito sobre hechos y que en el caso exclusivo de Spadafora, habló de la construcción de una carretera que conducía a la finca del entonces ministro de Gobierno y de Weeden.
De inmediato, Abad ripostó que Chéry sólo recorrió las orrillas de la carretera y que no vio que en los pueblos del interior las personas tienden a vivir cerca de los cultivos, por lo que varios productores se verían beneficiados.
Otro jurista se paró y preguntó al exprocurador Cruz su opinión sobre la solicitud de impedimento que hizo el magistrado Wilfredo Sáenz argumentando que no podía actuar en este caso con transparencia porque el demandante era su superior jerárquico (Spadafora).
Cruz apuntó que el hecho de que un magistrado trate de declararse impedido en un proceso por temor a un superior, no es impedimento para que un juicio sea imparcial, ya que en la Corte existen otros ocho magistrados que forman parte del veredicto.
Un periodista levantó la mano y preguntó al auditorio si estaba de acuerdo en que los funcionarios de alto rango acepten críticas rigurosas sobre su actuación o que por el contrario reaccionen interponiendo denuncias y tratando de meter preso a los comunicadores sociales.
Ante esta pregunta, el representante de la Defensoría, Guido Rodríguez, expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humananos establece en su Artículo 13 el derecho que tienen todos los ciudadanos de expresar libremente su opinión a través de cualquier medio.
Rodríguez aseveró que la Comisión ha recomendando ciertos estándares para preservar el derecho a la honra de los funcionarios, sin menoscavar la libertad de expresión. Y aclaró que los funcionarios que se sientan agraviados, sólo podrán actuar en el derecho civil.
"Un servidor público debe estar sometido a un mayor escrutinio y rendir cuentas de sus actos. Y qué ocurre en la práctica, se utilizan las instituciones del derecho penal para evitar la divulgación de información y callar a los periodistas", agregó.
El Magistrado Winston Spadafora logró que el Juzgado Décimosegundo Civil secuestrara el salario y bienes de Chéry hasta por B/.18.653. No obstante, la acción fue levantada mediante una fianza interpuesta por EPASA.
Gremios de periodistas y otras organizaciones han expresado su rechazo a la medida en contra de los profesionales de la pluma y EPASA.