La cárcel de La Chorrera es una olla hirviendo, cuyo fuego es atizado por las reyertas y el hacinamiento existente. Además del déficit en el suministro de agua potable y la demora en los procesos legales de los privados de libertad.
Según datos de la Policía Nacional en La Chorrera, durante el mes de junio, las unidades de Control de Multitudes han intervenido en tres ocasiones para controlar las reyertas que se suscitan entre los privados de libertad.
Para el encargado del centro penal, Eduardo Esquivel, lo viejo y deteriorado del edificio impide realizar mayores reparaciones, especialmente en las losas, en donde ya existen filtraciones de agua.
Con anterioridad la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera, advirtió que era peligroso cualquier trabajo de remodelación.
Por ello, se suspendieron la mayor parte de los trabajos que había programado el Ministerio de Gobierno y Justicia, durante la dirección de la ex directora Olga Golcher.
Aun así, se ha podido reparar el sistema de tuberías de aguas negras y poner en funcionamiento los sanitarios, aunque son los propios detenidos los que se encargan de dañarlos al utilizarlos para esconder platinas, teléfonos celulares, entre otras cosas.
Dentro del penal, hay unos 455 detenidos, 280 más de la capacidad original del centro penal y que era de 175.
Sharon Díaz, encargada del programa de Privados de Libertad, explicó que los continuos monitoreos que realiza la Defensoría del Pueblo demuestran que la cárcel está en “pésimas condiciones”.
Insistió en que urge la construcción de un verdadero centro penal, tomando en cuenta que el edificio fue construido como un cuartel de policía y como una cárcel de sistema transitorio.
Preocupa además que en La cárcel de La Chorrera resulta prácticamente imposible detectar cuáles privados de libertad ya han sido condenados y quiénes están en proceso de investigación o pendientes de juicio.
