En junio pasado se cumplió un año de su promulgación, tiempo en el que el Ministerio de Gobierno y Justicia debió reglamentarla , organizar administrativamente el Sistema Penitenciario, clasificar a los privados y privadas de libertad, formar y seleccionar al personal penitenciario y establecer las disposiciones, procedimientos y programas de tratamiento penitenciario. Aún no se ha hecho.
No se ha creado el Consejo de Política Penitenciario, un órgano formado por altos funcionarios públicos y sus representantes, el director del Sistema Penitenciario, especialistas de diferentes áreas y representantes de denominaciones religiosas y de fundaciones, que participaría en el diseño de la política penitenciaria.
Tampoco se ha diseñado un programa para la búsqueda de los recursos presupuestarios hasta el 2010, ni se han establecido convenios con los municipios ni otras organizaciones o asociaciones nacionales y extranjeras para el mejoramiento de la infraestructura y el funcionamiento.
En la nueva legislación se define como entre uno de los objetivos del Sistema Penitenciario, la resocialización de las personas privadas de libertad por medio de un "adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales". También se establece en el artículo II que la ejecución de la detención preventiva se debe realizar en un sitio diferente al de quienes cumplen con sus penas.
Establece que los centros penitenciarios, según su clasificación, deberán contar con dormitorios adecuados, servicios sanitarios y baños privados, cocinas, comedores, clínicas, área de lactancia materna, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas y religiosas, áreas recreativas y de relaciones familiares especiales para visitas regulares y conyugales.
Dispone otros derechos y obligaciones de los detenidos, faltas y sanciones, sistemas de incentivo.
Los juristas y representantes de organizaciones de derechos humanos consideran a la Ley 55 del 2003, un gran avance. Sin embargo, manifiestan que por sí sola no puede remediar el problema carcelario.
Requiere en opinión del abogado Oscar Ceville, de un liderazgo político para establecer políticas públicas que modernicen el sistema y para que se le dote de los recursos que necesita para atender eficientemente a una población carcelaria, o como diría el criminólogo Pablo Tsimogianis, "hay que dejar de inventar locuras e implementar la ley".
"No están en condiciones. A pesar de que estas personas han matado y cometido otros delitos, es necesario que se amplíen las cárceles".
