Al momento de medir el poder de sus decisiones, hay que tener claro que el Ejecutivo no puede funcionar solo, requiere de los otros dos órganos, sobre todo del sector justicia, columna vertebral de una democracia, apunta Angélica Maytín, directora de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
Como el Ejecutivo, en muchos casos, es el que los designa, la independencia es relativa y dependerá mucho de cada persona, afirma Maytín.
Propone abrir nuevos canales de participación en el proceso de su postulación para impedir que estos nombramientos sigan siendo una especie de "lotería".
Si en el sector privado, generalmente, se pasan varios filtros antes de ser contratado y un periodo de prueba de tres meses, por qué no se es más meticuloso y exigente al escoger estos funcionarios. Muchos estarán por 10 años y es muy difícil removerlos, expone.
El grado de dependencia es absoluto por las estructuras vigentes. Se puede considerar que comparten decisiones y las toman para apoyarse los unos a los otros en ejercer el poder para mantener la timocracia, expresa por su parte Bernal.
Esto obedece, explica, a que no se practica la separación sino la confusión de poderes, por las particularidades del sistema ultrapresidencialista que rige.
Para el constitucionalista Humberto Ricord, tan estrecha es la colaboración con el Ejecutivo, que consideran más fácil manifestarse conformes con la opinión de su superior y terminan por ejecutar hasta sus deseos personales.
Sobre el nivel de cumplimiento, Ricord manifiesta que estos funcionarios "casi nunca cumplen".
Pero es que en la administración pública no se exige la rendición de cuentas, indicador del desempeño de los funcionarios.
La práctica es rendir informes que nunca son sometidos a valoración. Se desconoce su plan operativo anual y cuánto se cumplió, apoyado de indicadores que lo midan.
Otros durante su ejercicio se escudan en recursos propios de su desempeño, que aunque no son ilícitos, empañan el sentido ético de sus decisiones.
Un caso típico son los legisladores que no quieren rendir cuenta de cómo votan, sobre todo en temas sensitivos. Para este efecto nunca han utilizado el tablero electrónico.
Lo vital de trabajar con mecanismos de evaluación fue evidente cuando el gobierno de Mireya Moscoso publicó, en un informe sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la información que le convenía y no la realidad. Pero como la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció un mecanismo de seguimiento, se pudo plantear la situación como era.
La expectativa con el gobierno de Martín Torrijos es que permita la reactivación de las "auditorías sociales", que ofrecen al ciudadano información sobre el desempeño de la justicia, la banca, de los derechos humanos y se ponga fin a medir la popularidad cuando debe ser la eficiencia, tal como ocurre en la empresa privada, asegura Maytín, representante de Transparencia.
Miguel A. Bernal atribuye las fallas en el sistem no sólo a las personas, sino a las estructuras y al poco interés de los ciudadanos de ser centinelas, lo que permite a los servidores no cumplir a cabalidad.
Pero Ricord con un gran sentido práctico y didáctico, transmite la filosofía de quienes han gobernado.
Para él, por regla general, los gobernantes panameños toman muy poco en cuenta la opinión pública, por lo cual no parece interesarles el criterio público.
