Una convención contra la tortura

En el año de 1984 la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó una convención contra la tortura que entró en vigor hasta el año de 1987. El documento establece que los miembros deben asegurar la jurisdicción necesaria para castigar la tortura cometida, tanto en su territorio por o contra sus ciudadanos.
Dispone igualmente que los Estados tomen medidas para la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas.
Para que la ejecución de la ley no tuviera problema de ambigüedad, el artículo 1 de la convención define la tortura como todo acto cometido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya, o con su aquiescencia, es decir, con pleno consentimiento.
A la fecha, 119 Estados miembros de la ONU han ratificado o aceptado la convención, mientras que los otros 70 Estados, igualmente miembros, aún no han ratificado el documento.
La ONU reconoce la ratificación del convenio contra la tortura y otros instrumentos internacionales de derechos humanos como un paso importante hacia el fortalecimiento y desarrollo de la legislación nacional destinada a promover y proteger los derechos individuales, incluyendo el derecho a no ser sometido a tortura.
Por su parte el artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura crea el Comité contra esta práctica, que cuenta con diez expertos independientes en servicio por un período de cuatro años y con derecho a ser reelegidos.
Este cuerpo supervisor, autorizado para la vigilancia de la aplicación de la convención, con relación a las torturas, cumple varias obligaciones sobre los Estados miembros y tiene una amplia autorización para eximir e investigar quejas de otras naciones o individuos cuando haya consentimiento del Estado miembro en cuestión.
Aunque el Comité tiene la autorización para investigar por propia iniciativa las alegaciones sobre la práctica sistemática de la tortura y para emitir sus propios puntos de vista sobre quejas individuales y estatales, no tiene autorización para procesar violaciones de las Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.