Una labor que lleva a la frustración y al desgaste

EL pasado martes, la comunidad fue sacudida por un hecho terrible: un agente de seguridad privada disparó inexplicablemente su arma de reglamento contra una joven en el Laboratorio Rally de El Dorado causándole inmediatamente la muerte.
Posteriormente, se suicidó e hirió a otras dos personas. Si bien este no es el primer incidente de sangre donde el protagonista es un guardia de seguridad, sí es uno de los más terribles porque los padres de la occisa aseguran que no existía relación sentimental de por medio.
Este caso ha sido motivo suficiente para que la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia vuelva a prestarle atención a las compañías de seguridad, que en un "par de días" entregan un uniforme y un arma de fuego a cualquier persona.
El problema se agrava cuando los patronos no les pagan sus quincenas a tiempo, le descuentan cuotas de seguro social pero no le entregan comprobantes, no les pagan el décimo tercer mes, no les realizan examen sicológicos y no los entrenan en manejo de armas de fuego, sólo por mencionar algunos de los abusos que sufren estos trabajadores.
Y esto último, a juicio del médico siquiatra, Alejandro Pérez, es muy preocupante. "Todo individuo que enfrenta problemas económicos al recibir un bajo salario y trabajar en exceso, sufriendo un desgaste físico y emocional, va creando problemas familiares, laborales y sociales, que van arrinconándolo al grado de que estalla en frustración o en violencia", apuntó el profesional.
Las autoridades conocen perfectamente esta situación, pero al no contar supuestamente con recursos "no pueden hacer casi nada".
La Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública cuenta apenas con 10 funcionarios y 2 vehículos para fiscalizar anualmente unas 102 agencias de seguridad privada legalmente constituidas a nivel nacional; y que mueven mensualmente 10 millones de dólares.
"Evidentemente los recursos son pocos para actuar eficientemente, pero con el nuevo reglamento las cosas pueden mejorar porque es más riguroso y exige mayores requisitos a los agentes", expresó el asesor legal del ministerio de Gobierno y Justicia, Luis Adames, destacando que también recibirán mayores ingresos.
El decreto está en manos del presidente Martín Torrijos desde el año pasado y todo parece indicar que permanecerá más tiempo en su escritorio, pues el tema de mayor interés para el Gobierno es el proyecto de ampliación del Canal.
Pero no todo se trata de más requisitos laborales para los agentes, pues la nueva norma también contempla el aspecto salarial.
Se indica que las tarifas que se establezcan para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente.Asimismo se garantizará los recargos por laborar horas extras y los días domingos y de fiesta nacional, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones sociales contenidas en la ley.