El secretario general de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Secundino Rujano, denunció la lentitud y mora judicial en la tramitación de los procesos judiciales en los juzgados de comercio.
Rujano argumentó que algunos de los procesos presentados ante esa instancia judicial tardan hasta ocho meses en ser resueltos, y la mayoría de ellos son fallados a favor de las empresas demandadas.
Precisó que algunos jueces desconocen la legislación comercial y los derechos de los consumidores, y por ello se tardan mucho tiempo en valorar los procesos.
Sostuvo que la mayoría de los procesos presentados por UNCUREPA se encuentran estancados, y por lo tanto no hay posibilidad que los consumidores reciban un tratamiento legal y justo a sus demandas.
Entre los procesos que se encuentran en trámite, está el presentado por UNCUREPA contra el grupo Panagas, como una demanda colectiva, en donde el Juzgado Octavo de Circuito, se tardó nueve meses en dictar sentencia.
Otro de los procesos presentados por UNCUREPA fue el iniciado contra la empresa Texaco Panamá S.A. por publicidad engañosa, en donde el Tercer Tribunal Superior interpretó que para que se configurara elemento de publicidad engañosa, tenía que existir dolo en el acto, situación que hace imposible la configuración de este tipo de causas.
Por otro lado, UNCUREPA presentó una demanda contra la Unión Nacional de Corredores de Aduanas por prácticas monopolísticas absolutas. En este caso el Juzgado Octavo de Circuito ordenó corregir la demanda para anotar el listado de consumidores que se encontraban afectados por tal medida, cuando este tipo de proceso tiene como afectado al mercado nacional en general.
También se inició un proceso por concentración económica ilegal entre UNCUREPA vs. Ricardo Pérez S.A. En donde el Tercer Tribunal Superior de Comercio decretó que Ricardo Pérez no era responsable por prácticas de concentración ilegal en materia de venta de autos o piezas automotrices. Sin embargo, impuso paradójicamente una medida de restricción económica consistente en mantener los precios de piezas o repuestos a precios de octubre de 1997, configurando contradicciones para los afectados.
