El pleno legislativo pretende bajar a primer debate la discusión del proyecto de ley que crea la Autoridad del Transporte y empezar a discutir con "urgencia notoria" a partir de la próxima semana la modificación a la Ley de Universalización de Incentivos informó ayer uno de los directivos de este órgano del Estado.
Según la fuente consultada, el pleno legislativo ha perdido el interés en la discusión del proyecto de ley del transporte y por eso se ha registrado una evidente disminución en la asistencia de los legisladores en las últimas semanas.
Además legisladores tanto de gobierno como de oposición están en desacuerdo con el proyecto de ley del transporte, ya que no se consultó a los usuarios de este servicio público y tampoco se les incluyó en la dirección de la Autoridad Nacional del Transporte.
La propuesta que ha sido presentada es que el proyecto se baje a primer debate y se le hagan los correctivos sugeridos para incluir a los usuarios o al menos para que se les consulte su opinión al respecto.
Prácticamente desde el 1 de marzo cuando se inició el actual período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el único proyecto que ha sido discutido es el que crea la Autoridad del Transporte y a más de un mes y medio de iniciada la discusión no se ha aprobado ni un sólo artículo porque en ninguna sesión se ha logrado la cifra de 37 legisladores para aprobar la norma.
Incluso el interés de los mismos transportistas parece haber disminuido, ya que anteriormente asistían a todas las sesiones, pero desde la semana pasada no asiste ninguno de los dirigentes del sector a las sesiones legislativas a pesar de que se les otorgó cortesía de sala.
El proyecto de ley que deroga el artículo 6 de la Ley de Universalización de Incentivos debe ser aprobado con urgencia notoria, ya que de mantenerse vigente podría ocasionar pérdidas millonarias al fisco nacional.
Sólo el año pasado el Estado panameño dejó de percibir ingresos por más de B/. 20 millones por las exoneraciones en pago de Impuesto Sobre la Renta que se crearon mediante esta norma.
El temor del Estado se centra en que las inversiones millonarias que deben ser realizadas por las empresas que compraron recientemente el IRHE sean exoneradas del pago de estos impuestos y al final sea el Estado el que quede financiándolas.
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