La situación por la que atraviesa la educación superior panameña es preocupante. Según lista organizada por la Dirección de Relaciones con las Universidades y Centros Particulares de Educación Superior de la Vicerrectoría de la Universidad de Panamá, hay 35 universidades y centros de educación superior. La proliferación de centros de educación superior ha sido la nota característica sin que la calidad de la educación se imponga, en muchas de ellas, como norma de funcionamiento.
En efecto, un recorrido por algunas de las universidades permite detectar numerosas limitaciones: desde aquellas que no cuentan con una biblioteca mínima, ausencia de laboratorios e infraestructura, ausencia de planes y programas de estudio debidamente actualizados, eliminación de las tesis de grado como requisito académico, prácticas profesionales insuficientes, docentes sin mayor experiencia profesional, horario hasta en domingo, en fin...la lista es larga, tanto como la propia lista de las universidades aprobadas por el Ministerio de Educación.
Según la profesora Josefa Estela Chial, funcionaria del Ministerio de Educación, para que una universidad sea aprobada legalmente se requiere presentar una serie de documentos a la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o Superior del Ministerio de Educación. Entre los que se destacan: la personería jurídica, el registro comercial A o B expedido por el Ministerio de Comercio Exterior, currículo del personal docente, supervisión de la infraestructura, certificado de solvencia económica.
Como nota curiosa no existe una disposición que establezca un mínimo de capital para su funcionamiento; esto explica la proliferación de universidades llamadas popularmente de "garage" ya que aparecen en lugares nada adecuados.
Cabe destacar que por ley las universidades están exoneradas de todo tipo de impuestos y gozan de privilegios en materia de exoneración fiscal. La ley que regula la educación superior panameña es tan amplia y permisiva que es totalmente legal que la rectoría de las universidades sean ocupadas por personas que vivan en el extranjero.
De acuerdo con Chial, algunas universidades extranjeras antojadizamente quieren abrir sus puertas en Panamá y se olvidan de cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación. Destacó que en la Ciudad del Saber, un patronato se abroga el derecho de facilitar las instalaciones y la bienvenida a universidades extranjeras de manera inconsulta y sin tomar en cuenta al Ministerio de Educación.
En efecto, en la Ciudad del Saber funcionan: Yale University, Cornell University, Iowa University, Florida State University, Texas A&M University, McGill University, University of California, Instituto de Investigaciones Tropicales, Smithsonian, y la Universidad de San Martín. Hay que agregar a la lista de centros de educación superior, la Universidad Corporativa que funciona dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y que rige para sus empleados.
Las tarifas que cobran estas universidades equivale en muchos casos a estudiar en Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, una maestría en Biotecnología de la Universidad San Martín (adscrita a la Ciudad del Saber, cuesta B/ 20,000).
Los salarios devengados por el personal docente de las universidades particulares no asciende en el grado de Maestría ni a B/. 800,00 por asignatura. No hay estabilidad laboral ni concurso.
Funcionan además algunas ofertas de empresas panameñas que brindan carreras de maestrías utilizando la tecnología de internet, sin ninguna autorización ni supervisión del Ministerio de Educación ni de la propia Universidad de Panamá, se informó.
Según indicó Angela Arrue, vicerrectora académica de la Universidad del Istmo, de acuerdo con la carrera que se requiera aprobar se deberán enviar los respectivos planes y programas de estudio a alguna de las cuatro universidades oficiales que existen en Panamá. Arrue reconoció que existe una pugna en las universidades oficiales debido a que no han delimitado su área de influencia académica.
Inclusive la Universidad de Panamá argumenta que es la única entidad oficial.
De acuerdo con Arrue, el procedimiento de fiscalización es largo; algunas carreras se han demorado 8 ocho años para su aprobación. Otro problema son los costos, pues comenzaron con una tarifa de B/. 500.00 y ahora es de B/. 4,500, de acuerdo con el grado académico aprobado.
Según la vicerrectora Arrue, la situación por la que atraviesa la mayoría de las universidades es difícil debido a la crisis económica del país. Abogó por la revisión de las tarifas de aprobación y reiteró la urgente necesidad de actualizar el Decreto Ley No. 16 de 1993. que no se ajusta a la realidad académica del país.
La evaluación que se hace de los planes y programas de estudio no es cónsona con los últimos conceptos de evaluación y no incide con la calidad de la educación. Destacó Arrue que durante la dirección del Dr. Gustavo García de Paredes como presidente del Consejo de Rectores se aprobó la creación de Sistema nacional de Evaluación y Acreditación, que requiere, a su vez, desarrollar una comisión pública que tenga autonomía financiera y administrativa (que no dependa del Ministerio de Educación, por las influencias partidistas, ni del Consejo de Rectores), conformado por destacados intelectuales de jerarquía científica y representantes de todos los actores vinculados a las universidades.
Lo aprobado por el Consejo de Rectores no ha podido ejecutarse debido a sus implicaciones jurídicas, administrativas y técnicas, además de que las propias universidades no han logrado el consenso. Otra limitación observada en la evaluación es que la Universidad de Panamá aspira homologar las carreras de los otros centros de estudios superiores con las que ofrece. Según Arrue, el problema no es uniformar las universidades, pues la proliferación de las carreras debe permitir la diferenciación de perfiles institucionales, carreras y modalidades de estudio.
De acuerdo con el Dr. Miguel Angel Cañizales, presidente del Consejo de Rectores de Panamá, el problema de la educación superior ha sido denunciado en diversas tribunas. Abogó por mayores controles de calidad de la educación por tratarse de la última oportunidad que se le brinda a los seres humanos. Destacó que se le han enviado dos notas a la Ministra de Educación para que indique cuántas universidades tiene Panamá y él en su calidad de presidente del Consejo de Rectores desconoce la cantidad exacta de universidades debidamente acreditadas. Hay un problema con la función histórica del Ministerio de Educación, que no ha cumplido esa misión. Informó que se lleva a cabo un estudio con el Instituto de Enseñanza Superior (IESAL) de la UNESCO, que indica que hay 35 universidades, de las cuales 15 conforman el Consejo de Rectores. Se ha nombrado una comisión para que determine requisitos para la admisión de universidades al propio Consejo de Rectores. Reconoció la proliferación de éstas y la necesidad de crear universidades especializadas como la Universidad de Las Américas.
Con relación a la Ciudad del Saber, de la cual Cañizales es síndico, la entidad tiene una ley que protege y avala su funcionamiento y todo centrpo que desee ingresar al programa lo puede hacer sin pasar por ningún proceso de fiscalización ni del Ministerio de Educación ni de la Universidad de Panamá, lo que en la práctica crea una competencia desleal hacia las que sí cumplen.
Reconoció Cañizales que existen universidades que han iniciado como sociedades anónimas sin ningún tipo de reconocimiento. Se va a los Estados Unidos y se ofertan servicios académicos que mercadean diciendo: "Estudie en Panamá como si estudiara en los Estados Unidos", pero nadie las supervisa.
Se quejó de que aquellas universidades que sí cumplen con todos los requisitos académicos son las que mayores dificultades se les han impuesto para funcionar.
Se mostró confiado en lograr el funcionamiento del plan Estratégico de la Educación Superior, que pondrá en marcha un sistema de evaluación y acreditación: el futuro de las universidades supera la clásica función de la fiscalización y es la acreditación lo que va a garantizar el éxito que abre las puertas a la competitividad.
Por su parte, la profesora Teresita Jaén de Ruiz, directora de la Relaciones con las Universidades y Centros Particulares de Educación Superior de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, expresó que luego de la aprobación por parte del Ministerio de Educación, le corresponde a esa dependencia aprobar los respectivos planes y programas de estudio. Reconoció que la demora para la aprobación es porque sólo tienen cuatro funcionarios, dos de ellos a tiempo completo. El espacio físico es otra limitación evidente; en menos de 50 metros cuadrados se aglomeran decenas de expedientes de todas las universidades, que luego de su primera revisión pasan a las respectivas facultades.
La fiscalización de las universidades particulares se realiza en varias ocasiones y los costos son asumidos por las propias universidades. Entre más lejana está la universidad, naturalmente los costos son mayores.
Destacó la profesora Ruiz que la Universidad de Panamá no tiene disposiciones legales que la faculten para suspender, multar o sancionar a una universidad que no reúna los requisitos académicos. Tampoco existe control sobre las tarifas que puedan cobrar las universidades ni tampoco qué tipo de carreras se pueden abrir. Para el año 2002, la Universidad de Panamá aprobó más de 300 carreras a nivel de licenciatura o maestría.
Destacó que las denuncias sobre la calidad de la educación son múltiples, sobre todo porque se les ofrece una calidad docente o programas y laboratorios que no existen. La labor de fiscalización es difícil porque las universidades sancionan a los estudiantes que se atreven ir a la Universidad de Panamá a denunciar.
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