Militantes del FER 29 de la Universidad de Panamá cerraron ayer la vía Transístmica durante una hora, al tiempo que medio centenar de funcionarios de la Defensoría del Pueblo se apostaron en la acera de la Calle 50, en señal de protesta por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que permite recortes a los presupuestos de ambas instituciones.
Carmen Ramírez, dirigente del FER 29, advirtió que las protestas contra la decisión de la CSJ se debe a que la misma "atenta contra la educación superior de los estratos más humildes", por lo cual ese movimiento estudiantil continuará protestando en las calles.
Igualmente, exhortó a la Corte a que reconsidere dicho fallo para salvaguardar la autonomía económica de la Universidad de Panamá y advirtió que el recorte puede generar un alza de matrícula universitaria.
Cabe señalar, que la CSJ declaró inconstitucionales las frases del artículo 45 de la Ley No. 7 de febrero de 1997 y del artículo 63 de la Ley 11 de junio de 1981, en las cuales se establecía que el monto de los presupuestos de la Universidad de Panamá y la Defensoría del Pueblo no podían ser inferiores al del año anterior.
En tanto, el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, dijo que el fallo busca "desestabilizar el país más de lo que está" y consideró que el mismo lesiona la autonomía universitaria.
El dictamen de la CSJ pone en manos del Gobierno la discusión del presupuesto, el cual puede ser manejado de forma política, además queda desprovista de una norma de protección en materia financiera, lo que puede incidir en la matrícula que pagan unos 60 mil estudiantes, dijo.
En tanto, el defensor del Pueblo, Italo Antinori, calificó de "nefasto y contraproducente" el fallo que emitió la CSJ, el 9 de agosto pasado, y advirtió que el mismo puede ser motivo de represalias cuando el ombudsman "no se someta a los caprichos y deseos del poder político, reduciéndole drásticamente el presupuesto".
"La Defensoría del Pueblo corre el peligro de quedar sometida, en un momento dado, a las presiones políticas, económicas o de otra índole, para que el defensor no actúe con independencia, en defensa de los intereses del pueblo y como vigilante de los actos de la administración pública", destacó Antinori, por medio de un comunicado.
Según el defensor del Pueblo, el Organo Ejecutivo ha negado "permanentemente" un aumento en el presupuesto para poder abrir oficinas en las provincias del país, "perjudicando" a los habitantes de esas regiones.
