Es hora que todos los panameños se tomen en serio el problema de los extranjeros indocumentados que están en el país, y que todas las semanas se ven involucrados en crímenes horrorosos, aseguró ayer el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.
Dijo que se hace urgente que las autoridades correspondientes estudien la posibilidad de exigirle visa de entrada al país a ciudadanos de ciertas naciones suramericanas, que son los que están más involucrados con actividades delictivas. "En los últimos meses se observan crímenes que con anterioridad no se veían", dijo.
De acuerdo con el alcalde, se hace necesario brindar de mayores recursos a la Policía Nacional y a Migración.
La abogada Corina Cano, especialista en este tema, resaltó que el solo hecho de que un menor infractor aparezca retratado en los medios escritos, viola su confidencialidad y el caso no prosperará.
Cano al igual que la fiscal Arosemena, pidieron a los medios tener cuidado al momento de elaborar notas periodísticas sobre menores de edad. El simple hecho de dar la dirección donde reside el joven infractor, puede anular la investigación.
Mientras que el subcomisionado de la PN, Eliseo Aguirre, admite que la Ley 40 tiene "prerrogativas" hacia los menores infractores que permiten que su puesta en libertad sea más fácil que la de los adultos. Aunque no le corresponde sugerir ajustes en las leyes, se mostró partidario de la revisión de la misma.
Aunque no existe un estudio científico que demuestre que los adolescentes delinquen porque el crimen organizado suele aprovecharse de ellos para robar y matar, esta hipótesis la manejan los estamentos de seguridad.
La razón, reconocen que el hampa cumple con sus pactos. Si un delincuente cae preso, en minutos habrá toda una estructura velando por su condición. Incluso hay organizaciones que se preocupan porque nada le falte durante su encierro. Mientras que los familiares de la víctima quedan desamparados.
Los entrevistados coinciden en que lamentablemente se aprobó la Ley 40 sin tener todas las estructuras listas, tales como el nombramiento de fiscales, presupuesto, jueces y defensores.
Además, indicaron que se necesita una logística armónica de los entes que intervienen en este proceso, para hacer efectiva las pesquisas, ya que no cuentan ni siquiera con transporte para movilizar a los funcionarios.
Y es que los fiscales de adolescentes trabajan las 24 horas calendario, con miras de resolver los casos para que no continúe la percepción de impunidad en la comunidad.
Este es una de las quejas reiteradas de la fiscal Arosemena, quien lamentó que los centros de cumplimiento de menores después de las 4 de la tarde de los sábados, no reciben a los muchachos porque no tienen funcionarios administrativos laborando.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
