Alianza Ciudadana "no ha perdido la fe" para que la Asamblea Nacional apruebe el anteproyecto de reforma a la Ley 59, que se aprobó en la Comisión de Estado por la Justicia, para perseguir el enriquecimiento ilícito.
Según Magaly Castillo, representante de la organización, las reformas fueron solicitadas "a gritos" por la sociedad civil desde el año pasado, y lo que persigue es hacer más efectiva la acción de la justicia en la persecución del enriquecimiento injustificado.
Explicó que si se logra esta reforma, se eliminaría la prueba sumaria en las denuncias contra servidores públicos.
Además, se permitiría la actuación de oficio por parte del Ministerio Público en la investigación de este tipo de delitos. "Lo más importante, sostuvo Castillo, es que el Ministerio Público no dependerá de la actuación de la Contraloría para iniciar la investigación de una denuncia por enriquecimiento injustificado".
Señaló que la Contraloría podrá auditar, en cualquier momento, las declaraciones patrimoniales y está obligada a realizar una auditoría al final de las funciones del servidor público.
Castillo dijo, en un tono no muy convincente, que todo depende de que la bancada de gobierno avale la iniciativa.
Cabe recordar que hasta diciembre del año pasado, no contaba con los votos de la bancada de gobierno. "Me imagino que con las reformas que estamos proponiendo ahora, será aún más difícil" afirmó, sin perder la esperanza de que sea aprobada.
La diferencia radica, reiteró Castillo, en que ahora la propuesta es avalada por la Comisión de Estado por la Justicia que se ha ganado un respeto.
El tema de las Declaraciones Juradas de Estado Patrimonial, cobró vigencia cuando el contralor Dani Kuzniecky informó que más de mil funcionarios no habían cumplido con ese requisito.
Ante ello, la Contraloría prefirió elaborar un manual informativo sobre el tema.
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