Urgencia Nacional; anularán 700 mil cédulas

El escándalo de la pérdida de plásticos base para cédulas, produjo ayer que el Tribunal Electoral decretara una "urgencia nacional" y ordenara el reemplazo, antes de las próximas elecciones, de unas 700 mil cédulas digitalizadas que ya habían sido entregadas.
Luego de conversar con los presidentes de los partidos políticos, representantes de Unisys, la empresa responsable del suministro de los plásticos para la confección de las cédulas y con el contralor Alvin Weeden, el TE emitió un comunicado en el que se anunció el cambio del sistema de impresión de la cédula digitalizada hacia otra tecnología.
Tanto los presidentes de partidos políticos como el contralor, a su salida de la reunión en el TE, manifestaron su apoyo a la decisión oficial, para evitar que las elecciones del año 2004 se vean empañadas.
Según el magistrado presidente del TE, Eduardo Valdés Escoffery, el objetivo es emitir un nuevo documento de identidad personal totalmente diferente y con más elementos de seguridad que el actual.
Afirmó que el TE se compromete a organizar el sistema de reemplazo de las cédulas en un período de 45 días y el proceso de cambio de éstas, que no tendrá costo alguno para los ciudadanos, en siete meses.
El proceso de reemplazo de las cédulas se podría iniciar aproximadamente en el mes de febrero del 2003 y se buscará la manera de hacerlo sin que los afectados se vean en la necesidad de hacer filas.
Agregó que siguiendo una recomendación del contralor Weeden se decidió, en base a lo que estipula la Ley 56 sobre contrataciones públicas, "resolver administrativamente el contrato con Unisys" , que es diferente a rescindir, explicó.
Luego de este paso, corresponderá a la empresa afianzadora, Aseguradora Mundial, escoger la vía que le concede la fianza de sustituir al contratista mediante la presentación de una oferta que debe pasar por el trámite de la aprobación del TE.
La nueva empresa contratada tendrá la responsabilidad de suministrar cerca de dos millones de plásticos, que son los que necesita el organismo para cumplir con el programa de recedulación a nivel nacional.
La decisión del TE significa que todos los panameños que tienen en su poder la cédula con la imagen del Canal de Panamá deberán cambiarla en el momento indicado antes de las elecciones del año 2004.
Los costos que tendrá este nuevo programa de reemplazo de cédulas serán sufragados con la reclamación que le presentará el TE, en concepto de daños y perjuicios, a la empresa Unisys por el primer contrato que era del suministro de un millón de plásticos y que regía desde 1997.
Pero a pesar de que operativamente el TE enfrenta un nuevo escollo, Valdés Escoffery aseguró que no afectará de ninguna manera el calendario previsto para las próximas elecciones y que el torneo se hará con los mismos niveles de transparencia que han tenido en los últimos doce años.
Explicó que de acuerdo con las informaciones que han recibido de la Fiscalía Auxiliar, todo indica que los responsables del hurto de los plásticos, tenían como objetivo el tráfico de la nacionalidad y que no hay indicios que se tratara de una acción con fines electorales.
El representante de la empresa Unisys, Frank Boyd, quien estuvo en la sede del TE, habló brevemente y allí reclamó la "responsabilidad compartida" con el Tribunal.
Sin embargo, el magistrado Valdés Escofery se abstuvo de hacer mayores comentarios acerca de ese planteamiento. Por otra parte, agentes delegados de la Fiscalía Auxiliar ubicaron ayer 9,500 tarjetas bases de cédulas en los depósitos de Unisys, luego que un em- pleado de la empresa que está bajo investigación revelara el sitio en donde se encontraban.
Los agentes de la Fiscalía Auxiliar, Ronier Ortiz y Rigoberto Vargas, realizaron una segunda inspección ocular a los depósitos de Unisys en compañía de uno de los empleados de la empresa que se encuentra bajo investigación y éste les señaló un grupo de cajas en donde habían unas 9,500 tarjetas bases que no fueron ubicadas en el primer allanamiento.
Se informó que las tarjetas base formaban parte del mismo lote de las 30,000 que debieron ser destruidas por la empresa Unisys, pero inexplicablemente se mantenían aún en el depósito y otras fueron ubicadas en manos de un ciudadano mexicano que se presume las vendía a indocumentados.