El transporte pirata, que fue combatido de forma vehemente durante la administración de Ricardo Martinelli, podría integrarse al nuevo sistema masivo de transporte en el estrenado gobierno del panameñista Juan Carlos Varela.
Según Milton Henríquez, ministro de Gobierno designado, existe una gran posibilidad de que todos los busitos piratas que prestan el servicio de forma ilegal en el distrito de San Miguelito, en Alcalde Díaz y Chilibre tengan la oportunidad de formar parte del sistema metrobús y el metro como alimentadores de ambos sistemas.
“El presidente Varela ha hablado de integrar el transporte pirata al sistema del metrobús y el metro para que se conviertan en alimentadores de estos medios de transporte”, declaró Henríquez.
Sin embargo, el funcionario aseguró que la incorporación de este sector, que no cuenta con permisos de operación, no es una legalización como tal. Asimismo, contó que para que cada uno de los vehículos pueda prestar el servicio se debe llenar los requisitos que exige la autoridad.
“En el caso de que conductores, propietarios y los mismos vehículos cumplan con todas las medidas de seguridad, nosotros podremos adherirlos de alguna forma al sistema de transporte; integrarlos no quiere decir que ellos sean legalizados”, advirtió Henríquez.
Pero para que dicho proyecto empiece a rodar deben tomar posesión los directivos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Una vez ocurra esto, esa institución, la DNOT, la Policía Nacional, el Mingob y la dirigencia de los piratas deberán organizar una serie de reuniones para explicarles a todos en qué consiste la integración, destacó la fuente.
Pero la adecuación de los transportistas ilegales al actual sistema no es nada fácil y tomará algún tiempo, porque hay aspectos legales de por medio, afirmó Esteban Rodríguez, dirigente de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra). “Solo hay una forma de legalizarlos, que es a través de una concesionaria. Una vez se haya creado una verdadera prestataria, entonces, podrán obtener sus respectivos cupos porque la ilegalidad no puede continuar”, dijo. Una vez estén formalizados, se les puede exigir uniformes, respeto a los usuarios y deben brindarles capacitación a los choferes, manifestó.
Entretanto, Esperanza Mena, de la fundación de Protección al Usuario del Transporte en Panamá, argumentó que el problema con los busitos piratas no es solo si funcionan con o sin cupos y en rutas inadecuadas, sino que hay un problema de seguridad. “Estos señores rebasan los límites de velocidad; además, no hay garantías de que quienes están conduciendo tienen experiencia o licencias apropiadas”.
Otra opinión distinta es la de David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre. El excandidato a alcalde de San Miguelito expresó que mientras no se apliquen medidas enérgicas a la empresa MiBus, de nada vale que se regularice el sistema de transporte pirata.
“Si la frecuencia del metrobús mejora, entonces, podríamos hablar de formalizar a los ilegales. Primero hay que exigirle a la empresa concesionaria que cumpla con los acuerdos pactados con el Estado”.
