La Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, ha recibido hasta el momento por lo menos unas veinte iniciativas que podrían convertirse en ley de la República, informó la coordinadora de esta instancia, Maritza Royo.
Destacó una iniciativa presentada por Mario Ceballos Ríos, la cual pretende reglamentar las relaciones entre los jubilados y las financieras en todo el territorio nacional como una de las más importantes que se han entregado hasta la fecha.
Ceballos Ríos solicitó en su propuesta que además de la relación con las compañías financieras, que por medio de una ley, "se frenen los abusos" de las mueblerías, bancos y financieras hacia este grupo de avanzada edad.
Por otra parte, Carlos Moreno solicitó que se apruebe una ley que sancione a aquellas personas que incursionen en las áreas revertidas que fueron utilizadas como polígonos de tiro y bombardeo por el ejército de los Estados Unidos y que actualmente se encuentran contaminadas.
La misma persona pidió una ley para sancionar a quienes invadan la Cuenca Hidrográfica el Canal de Panamá o incurran en cualquier otro acto que ponga en peligro esta área.
Una de las iniciativas que pretende beneficiar al sector indígena propone el apoyo de la entidades bancarias estatales para el otorgamiento de préstamos a este grupo.
El proponente expresó que la mayoría de los bancos exigen un título de propiedad como aval para otorgar préstamos y los indígenas no tienen derecho a propiedad en las comarcas indígenas.
La coordinadora del centro manifestó que actualmente cada una de las iniciativas presentadas está en una etapa de evaluación técnica para determinar si hay posibilidades de que se transforme en ley de la República.
Una de las iniciativas presentadas propone que por medio de ley se regule el destino que debe dársele a los desechos tóxicos en Panamá.
Saturnino Torres, el mismo proponente, solicitó la creación de la Autoridad Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos, como entidad que se encargará del tratamiento y destino final de este tipo de basura.
El historiador Gilberto Medina, propuso que el día 4 de noviembre sea declarado como día de la "independencia" de la República de Panamá, otra iniciativa de la misma persona busca la modificación de la Ley que adopta la bandera, el himno y el Escudo de Armas de la nación panameña.
Una de los proponentes solicitó que por medio de una ley, se regulen las agencias de investigación privada en Panamá.
La primera propuesta presentada ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa pretende que se establezcan nuevos parámetros con relación a las figuras del indulto y la amnistía.
También se propuso que introducir al Código Penal un nuevo artículo relacionado con el empleo de medios y métodos de hacer la guerra y el empleo de armas de destrucción masiva.
Rubén Guerra propuso que se elaborara un anteproyecto para proteger los emblemas y denominaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional, en el cual se establezca quienes son las personas e instituciones facultadas para ello.
Otra iniciativa del mismo Guerra busca exonerar a la Cruz Roja Panameña del pago de impuestos fiscales, de impuestos de importación y el reconocimiento de servicio de sus voluntarios.
También se propuso que por medio de una ley, se declare la conmemoración del Día Nacional del Hombre y la Mujer Negra en Panamá.
Humberto Bonilla hizo una propuesta que busca la creación por ley de la bandera provincial de Panamá para la representación de esta provincia en los actos culturales, deportivos, desfiles y otros de carácter nacional.
La coordinadora Royo aseguró que una vez las propuestas superen esta etapa de evaluación en la cual se encuentran, serían remitidas a la comisión legislativa respectiva que se encargaría de adoptarla como suya o pasarla a un legislador que lo tomaría como propio, haciéndole el reconocimiento al ciudadano que hizo la propuesta.
Añadió que después que la propuesta sea adoptada o prohijada, se iniciará su discusión en cada uno de los tres debates respectivos para posteriormente cumplir con todos los requisitos restantes que debe cumplir un proyecto de ley.
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