El Estado podría ser objeto de una demanda si la presidenta Mireya Moscoso participa en la licitación de la residencia de campo de Punta Mala, ubicada en la provincia de Los Santos y estimada en un precio base de B/.600 mil.
De acuerdo con el jurista Silvio Guerra, existe una expresa ilegalidad si la mandataria participa en el acto público, porque pone en duda el sentido rector de la transparencia que debe prevalecer en todo acto público.
"Si la presidenta interviene en un acto de esta naturaleza vulnera el reordenamiento jurídico panameño, ya que se perfora de ilegalidad la legislación en materia de transparencia de las licitaciones", acotó.
Sustentó que todo acto administrativo viciado es demandable ante la Sala Tercera de la Corte Suprema mediante la interposición de una acción nulidad o de un contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Indicó que nadie participaría en el acto porque se dudaría de la transparencia y quién apostaría a ganar en contra de la presidenta. "Pero también puede ser una estrategia que no gane ella para vender una falsa imagen de transparencia cuando la verdadera sería que las empresas no coordinen para burlar los actos administrativos", argumentó Guerra.
El diario El Panamá América pudo conocer que cualquiera persona interesada puede acudir al Departamento de Contrataciones Públicas a retirar los pliegos de cargo para el acto de licitación de la residencia.
La residencia de 17 hectáreas localizada en el distrito de Pedasí está valorada en unos 600 mil balboas, aproximadamente según palabras de la propia Jefa del Ejecutivo. La licitación de la casa de veraneo está programada para el 16 de junio próximo.
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