Un conflicto de intereses entre el Estado y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), obligó al comisionado Víctor Juliao a renunciar a su cargo.
El propio Juliao afirmó que el Ente carece de autoridad para imponer sanciones, ya que el propio Estado al mantener acciones en las empresas privatizadas no permite que ejerza una autonomía completa.
"El Estado es accionista de la mayoría de las empresas privatizadas, entonces lo que quiere es ganar de sus dividendos y hay choques con el Ente", dijo.
Descartó que su renuncia tenga motivos políticos, pues aseguró haber tomado la decisión desde el pasado 23 de abril, diez días antes de las elecciones generales del pasado 2 de mayo.
"Mi renuncia se basa en que la ley del Ente Regulador hay que reformarla integralmente para que de verdad pueda ejercer las funciones para las cuales está hecho, que es la fiscalización, regulación y control de las empresas de auditoria pública".
Dijo que esta entidad requiere mayor fuerza de ejecución y eso es algo muy difícil de conseguir, pues a pesar de imponer sanciones a los agentes del mercado, no puede cobrarles al no poseer un juez ejecutor.
"Los agentes del mercado se ríen de las multas que les ponen porque las reconsideran y cuando fallan en contra se van a la Corte y ahí se duerme dos a cuatro años y se burlan de la sanción que impuso el Ente", consideró.
Además, cuestionó la falta de un sistema de compensación para los trabajadores, incluyendo evaluaciones anuales o aumentos por méritos con promociones de puestos con mayor envergadura y jerarquía, pero consideró que difícilmente los gobernantes vayan a querer aplicar una reforma como esa.
"Acabamos de pasar una etapa de elecciones, ahora una de transición y luego viene un gobierno nuevo, así que realmente yo me sentí subutilizado", aseguró.
Finalmente dijo que de esta manera el ERSP no tiene una capacidad técnica para competir con las empresas privadas, que esquivan su responsabilidad.
Víctor Juliao renuncia al Ente Regulador
Consideró que el ERSP no tiene una capacidad técnica para competir con las empresas privadas, que esquivan su responsabilidad.