Luego de aprobado el proyecto de ampliación del Canal de Panamá , la Zona Libre de Colón (ZLC) agilizará sus planes de expansión con miras a ofrecer mejores facilidades de infraestructura para captar a nuevos inversionistas.
Según informó la gerente general de la zona franca, Nilda Quijano, ya la ZLC ha construido una cantidad considerable de nuevos locales, avanzando mucho con la expansión misma de la entidad para ofrecer nuevas facilidades desde principios de 2007.
Sostuvo que tras la aprobación del proyecto de expansión la ZLC necesariamente tendrá que expandirse, porque con la ampliación se va a tener una mejor cobertura de inversión de diferentes empresarios de otras partes del mundo.
Señaló que la ZLC tiene la disponibilidad de tierras para ampliarse un poco más, y para tal fin en pocas semanas la entidad recibirá lo que fue la zona procesadora de Davis que también se convertirá así en parte de la ZLC.
Precisó además que por primera vez la Zona Libre de Colón va a tener a escasos metros de sus instalaciones un hotel cinco estrellas de un lado y otro hotel con las mismas condiciones en el Puerto de Cruceros, Colón 2000, además de otras facilidades y servicios que van a facilitar la llegada de más clientes.
Por otro lado, Quijano informó que hasta el 30 de septiembre la entidad mantenía un crecimiento sostenido acumulado de un 12.9%, lo que significa que la Zona Libre de Colón va a cerrar con excelentes movimientos comerciales y buenos resultados para el año 2006, enfatizó.
Económicamente dijo, esto representa más de mil millones de balboas en negocios o movimiento de mercancía en la zona franca, cifra que se verá incrementada con el ingreso de nuevas empresas locales y extranjeras.
Al final de cuentas, ninguno de estos compromisos se cumplió. Los transportistas mantienen deudas con el BNP que superan los 15 millones de dólares, que en su mayoría son irrecuperables.
Si en la capital llueve por esta situación en el sector Oeste aún no escampa. Y es que los transportistas de la ruta Vacamonte - Panamá lograron que la Corte Suprema de Justicia reabriera una denuncia también por estafa en contra de Ricardo Pérez.
Este consorcio vendió varias unidades financiadas en 120 mil dólares, que en un término de 9 meses quedaron inservibles por fallas mecánicas. Las evidencias presentadas obligaron a las autoridades a reabrir las investigaciones.
Tras una inspección ocular en los autobuses, Criminalística de la Policía Técnica Judicial determinó que las unidades tenían óxido en la capota, lo que permitía filtraciones de agua al interior.
Descubrió que los vehículos poseían el tanque del diesel con una característica irregular, lo cual indica que no estaba acorde con estos vehículos.El número de marca de los buses, según la empresa que lo vendió, corresponde a un camión.
