Los comités de familiares de desaparecidos de Panamá y Chiriquí aseguraron que lo que busca el canciller, Samuel Lewis Navarro, es confundir a la opinión pública, al tratar de ocultar que por más de 30 años se les ha denegado justicia con un retardo injustificado.
"Si hoy se habla de estos casos y se encuentran en las instancias judiciales nacionales ha sido por nuestra lucha insistente en demanda de justicia", aseguró Maritza Maestre, coordinadora del Comité de Familiares de Panamá, Héctor Gallego.
En sus críticas, Maestre argumentó que el planteamiento del Canciller busca fragmentar la causa común de los familiares, proponiendo individualizar los casos para dilatarlos y que no se haga justicia.
Señala que la nueva situación que enfrentan en estos momentos, demanda la más estrecha unidad de los familiares para hacer valer sus reclamos.
También se preparan para sentarse a una mesa de negociación el próximo 2 de marzo en Washington en la sesión de la CIDH junto a representantes del gobierno nacional, donde exigirán una reparación judicial, moral y económica para las víctimas de la dictadura militar.
El 19 de enero de 2005 el gobierno panameño en nota enviada a la CIDH, solicitó la no admisión de las reclamaciones de los familiares de víctimas de la dictadura militar y en consecuencia solicitaron el archivo definitivo del caso, argumentando que no existe agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna a nivel judicial.
Por su parte, Ricardo Morales, representante del Comité de Familiares de Chiriquí, manifestó que aún el presidente Martín Torrijos tiene una oportunidad de oro de limpiar la imagen dejada, ya que en muchos de los casos están involucrados activistas y militares del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y a pesar de esto, aún están abiertos al diálogo para resolver esta situación.
Sobre la gestión de la procuradora Ana Matilde Gómez en los casos de desaparecidos, Maestre dijo no confiar en ningún ente interno, pues durante la gestión de José Antonio Sossa, reinó la actitud de apadrinar la impunidad, situación que los llevó a interponer una demanda ante la CIDH.
El próximo 2 de marzo familiares de desaparecidos y representantes del gobierno se reunirán en una mesa de negociación en Washington, durante la sesión de la CIDH.
En este encuentro, los reclamantes exigirán una reparación judicial, moral y económica para las víctimas de la dictadura militar.
