En sus planos las empresas urbanísticas cumplen con todas las previsiones, especificaciones y controles para la ejecución de proyectos de magnitud, pero cuando van a la práctica no respetan las servidumbres de los ríos.
Representantes del Ministerio de Vivienda, de la Autoridad Nacional del Ambiente, del Ministerio de Salud y el Municipio de Arraiján coinciden en que las constructoras, al aprovechar al máximo el terreno zonificado para urbanizar, están violando el área de servidumbre de los ríos, establecida para evitar las posibles inundaciones.
Esta zona de árboles a la orilla de la corriente de un río, conocida como “bosques de galería”, debe ser protegida para evitar el desbordamiento de las aguas que causan las inundaciones.
Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica, informó que durante un recorrido realizado en la zona afectada del distrito de Arraiján, se determinó que las partes donde el cauce de uno de los ríos crea sus represas naturales, no habían sido dragadas.
A su juicio, esto provocó que los materiales sólidos retenidos, sumado a las fuertes lluvias, aumentaran la corriente del río, provocando los desbordamientos.
Mientras que Víctor Mizrachi, director general de la Oficina de Desarrollo Urbano del MIVI, sostuvo que existe un aprovechamiento ilícito de los terrenos a urbanizar y muchas personas traspasan las líneas de propiedad que establece la lejanía de los afluentes y, por si fuera poco, violan el límite de construcción.
Sin embargo, aseguró que este proceso de fiscalización es responsabilidad de los municipios.
El artículo 23 de la Ley Forestal establece que la servidumbre entre el borde o la orilla de un río y una construcción, debe ser de 3 a 10 metros, dependiendo del caudal.
Silvano Vergara, de la ANAM, sostuvo que en la revisión de los estudios de impacto ambiental, los promotores cumplen con los diseños, requisitos y especificaciones, pero que ha habido ocasiones que en el terreno de construcción no respetan lo aprobado, con tal de aprovechar la zonificación.
La facultad de la ANAM para aplicar sanciones a estas empresas llega hasta un millón de balboas.
