Según el informe, de enero a junio de este año, los casos de violencia doméstica se han duplicado. (ver cuadro).
Los especialistas consideran que se conocen los casos de violencia intrafamiliar porque existen leyes en la actualidad que protegen, sobre todo, a las mujeres.
365 días podrían resultar cruciales para una víctima de la violencia doméstica.
Este es el período máximo que muchos de los casos tienen que esperar antes de que se tome una acción por parte del Ministerio Público para alejar a los agresores de sus víctimas.
Y es que a pesar de que el Ministerio Público ha creado oficinas en la ciudad para atender a las personas que presentan las denuncias, la saturación de los casos de violencia intrafamiliar hace que el procedimiento sea lento.
Cecilia Moreno, socióloga y presidenta del Centro de la Mujer Panameña (CEMP), sabe perfectamente de qué se trata.
La falta de un seguimiento adecuado ha hecho que a pesar de los avances no se logren los niveles que se esperan.
La mayor deficiencia, a su juicio, es la parte psicológica.
Hasta el momento, la directora del CEMP no conoce ningún tipo de servicio que sea efectivo en el país.
El agravante es la falta de recursos técnicos y profesionales necesarios en todos los organismos e instituciones dedicadas a brindarle ayuda a quienes sufren de maltrato doméstico.
Sucede que para que el acompañamiento sea efectivo, tendría que haber un psicólogo a tiempo completo y un trabajador social, que haga la investigación profunda del afectado, situación que hasta ahora no se ha podido lograr.
Los centros o las instituciones que existen en Panamá para tales fines, se limitan a recibir la denuncia, y no se hace el estudio correspondiente, lo que produce que el MP se sature, y no se pueda dar el dictamen con rapidez.
Explicó que la demora en el proceso es por los pasos que se siguen, como la búsqueda de los testigos, así como la evaluación social, entre otras cosas, lo que retarda la sanción o los correctivos.
La abogada Gilma de León, especialista en problemas de familia, al igual que Moreno, consideran que es una lástima que hasta el momento no exista ningún tratamiento específico en las instituciones públicas para apoyar a la víctima y hacer que se resocialice el victimario.
De acuerdo con la Ley 38, si en la evaluación social que se hace a las víctimas, se demuestra que la vida de la persona o los hijos de quien hace la denuncia corre peligro, entonces deben las autoridades sacarla de la vivienda, pero insistió en la demora del proceso.
El otro aspecto que indica la Ley, como sanción al agresor, es que él puede optar por recibir un tratamiento, o ir presa por un tiempo determinado.
Generalmente, las personas se acogen al tratamiento, pero este no es integral, pues no existe el lugar apropiado para darlo y terminan asistiendo dos o tres veces como máximo.
La psicóloga Geraldine Emiliani considera que el estrés detona la violencia, porque se genera por la inseguridad en las calles, el transporte ineficiente y las presiones económicas. Estas circunstancias se sienten como amenazas y la persona que lo experimenta reacciona a la defensiva.
Monseñor José Domingo Ulloa considera que el problema de la violencia doméstica se debe a que "se ha perdido el valor de la vida".
