“Nadie que vive en casa condenada paga un centavo”, aseguró Warren Beitía, del Departamento de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), que esta semana ha asistido a 54 familias que vieron reducidas a cenizas lo que en un momento fueron sus viviendas, ubicadas en la Calle 19 del corregimiento de El Chorrillo.
Pero ese caserón era, además, una trampa de muerte, en el cual brillaban por su ausencia los servicios básicos y abundó el deterioro hasta que fue declarada hace cuarenta años como “casa condenada”.
La historia de la popularmente conocida “Casa Arias” es similar a la de muchas otras en el corregimiento.
El propio Beitía aseguró que el terreno es privado y que así están los demás caserones, sobre terrenos particulares que, al final, sus ocupantes requerirán de un apoyo estatal de miles de dólares, cada vez que hay siniestros.
Pero, ¿qué razones llevan a estas personas a seguir habitando estos inmuebles?
El sociólogo Roberto Pinnock consideró que esto es el resultado o consecuencia de políticas públicas y situaciones sociales que llevan a las personas a meterse en una vida que está como esas casas: condenada.
“Ellos son producto del daño de cómo ha funcionado la sociedad”, dijo Pinnock, quien explicó que las condiciones de desempleo y de empleos mal pagados, obligan a las personas a aferrarse a esta clase de vivienda, porque pagar una hipoteca de una casa con todas las comodidades, supone un ingreso mensual y seguro. El sociólogo se refirió a que en algunas ocasiones, personas critican de que estas familias, a pesar de que viven en casas condenadas, adquieren aparatos como televisores de último modelo y otros, afirmando que “no es lo mismo pagar una hipoteca que comprar una televisión”.
“El empleo no alivia el problema para vivir. Se baja el desempleo, pero ha aumentado la población que no tiene el salario mínimo correspondiente para poder vivir”, reveló Pinnock.
Quizás a esta formalidad de obtener una vivienda y a la cual no tienen alcance, debido a bajos ingresos y, en algunos casos, ingresos esporádicos, se fundamentan las quejas de los ahora damnificados de El Chorrillo que parecen aferrarse a su barrio, a pesar de las carencias, y se oponen a vivir en otros sectores de la provincia de Panamá.
Un paliativo
Tras el incendio, el Gobierno ha destinado la colaboración interinstitucional para resolver por los próximos meses, la alimentación y búsqueda de una vivienda temporal para las 250 personas que quedaron sin nada.
El Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Desarrollo Social proveerán de alimentos y otros enseres necesarios para las familias, mientras que el Miviot otorgará un subsidio mensual de 150 dólares, durante siete meses, para pagar servicios de alquiler en hoteles o pensiones cercanas al corregimiento, lo que equivale a un desembolso de 56 mil dólares.
El Miviot tiene ahora el reto de elaborar un plan de mejoras para aquellas personas que residen en casas condenadas, pero antes deberá emprender una batalla legal para conocer el estatus de las sociedades particulares que figuran como dueñas de los terrenos donde se ubican los deteriorados caserones.
