A pesar de las críticas que pueda generar la iniciativa, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado, pretende volver a gestionar la construcción de un nuevo edificio para este órgano del Estado.
Mencionó que existen dos posibilidades que se han evaluado, la primera sería una nueva torre de diez pisos en los terrenos que ocupa actualmente la institución, a un costo aproximado de B/.10 millones, que serían financiados con la venta de los terrenos que les donó la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), cercano al Colegio Chino Panameño.
La otra alternativa sería construir un edificio en el área revertida, también con diez plantas, 400 estacionamientos y otras facilidades que requiere este órgano del Estado para funcionar de manera adecuada.
Alvarado dijo que la nueva sede para la Asamblea es una necesidad que no se puede seguir postergando más, ante el mal estado en que se encuentra el edificio que hoy ocupan.
222 La construcción de un nuevo Palacio Legislativo provocó antes un litigio millonario con una empresa privada.
Por otra parte, los 142 legisladores suplentes podrían perder la mitad del salario que reciben a partir de enero del año 2003, ante el recorte que aplicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presupuesto de la Asamblea.
Alvarado informó que el recorte aplicado a este órgano del Estado, incluye el renglón establecido para el pago de parte de los emolumentos de los legisladores suplentes.
Explicó que los suplentes no cobran un salario como tal, pero por la labor que realizan en la Asamblea Legislativa y los circuitos electorales, se le asignan ciertos emolumentos entre los cuales se le incluyen los que corresponden a la gasolina.
Los suplentes reciben mensualmente pagos por B/.2,000, de los cuales B/.1,000 corresponden a lo que se les asigna en concepto de gasolina para los viajes desde sus respectivos circuitos electorales al Palacio Justo Arosemena y otras labores que se les encomiendan por el cargo que ostentan.
Explicó que por cada dólar que el usuario paga unos 0.55 centésimos o más van automáticamente para las empresas generadoras, cerca de 0.07 centésimos de cada dólar son para las empresas de transmisión y Elektra Noreste recibe 32 centésimos de cada dólar.
De los 32centésimos que reciben a Elektra Noreste le corresponde pagar la energía de los clientes denominados (ilegales) que no se les mide el consumo de energía. Las tarifas del sector distribución se revisan cada cuatro años y se ajustan trimestralmente con el índice del precio al consumidor. Mientras que los cargos de generación se ajustan semestralmente en función del precio del combustible.
Lammie indicó que cuando se habla de tarifas de distribución se establecen componentes definidos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), siendo uno de ellos el ingreso máximo permitido. Aquí el ERSP, basándose en el parámetro de eficiencia de las empresas se define un ingreso máximo permitido para las distribuidoras para los próximos cuatro años y basado en el ingreso máximo permitido se diseña la tarifa.
Si la empresa no es eficiente la empresa pierde dinero. Este punto es muy independiente de las otras pérdidas que las empresas puedan registrar por un sin número de circunstancias. La estructura tarifaria se define de manera muy general basada en ciertos principios que hay cumplir.
Hay que designar la tarifa según los niveles de tensión, si el cliente está dentro de los estándares de baja tensión está se calcula entre los 7 mil a 600 voltios. La mediana tensión se estima entre los 600 y 115 mil voltios y la alta tensión está arriba de los 115 mil voltios, también se dan tarifas por áreas.
El nuevo régimen tarifario introdujo un esquema de la demanda que es de mucho beneficio para los clientes. Anteriormente se tomaba las dos demandas máximas de los últimos 12 y se facturaba esta demanda ahora se toman las tres máximas de los últimos seis meses.
