La propuesta que llevará a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, la administración de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), dentro del proyecto del Parque Nacional Coiba, promete una batalla con las organizaciones conservacionistas.
La Fundación para la Conservación del Mar, la Naturaleza y Especies Marinas (CONAMAR) maneja información de que se planteará una propuesta que busca beneficiar a grupos pesqueros de atún de capital español.
El Gobierno, a través de la ARAP, propone la excepción de las redes de cerco para la instalación de granjas atuneras.
Eso permitirá, según el administrador de la entidad, Reynaldo Pérez, engordar atunes y exportarlos para impulsar el desarrollo de la industria atunera panameña.
Mientras, Dalva Arosemena, secretaria ejecutiva de la Fundación CONAMAR, sostuvo que el tema de las granjas atuneras ha estado en el tapete desde administraciones anteriores y vinculadas a capital español, principalmente.
Insistió en que la Asamblea Nacional debe restituir, sin ninguna excepción, la vigencia del artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004.
Eso permitirá recuperar la zona de exclusión en Coiba para las redes de cerco, derogadas en la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, explicó.
Arosemena dijo que a esos grupos no se les permitió operar en Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, y entonces trataron de hacerlo en Costa Rica. "Allí recibieron la oposición de pescadores artesanales, comerciales, deportivos, ambientalistas, operadores turísticos y sociedad civil en general", agregó.
"Ahora nuevamente están de vuelta en Panamá. La operación de granjas atuneras es muy dañina", denunció la dirigente de la asociación conservacionista.
