El contralor de la República, Alvin Weeden, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar el reintegro de la alcaldesa y los concejales de Colón, vinculados al presunto fraude por la emisión de B/.300 millones en bonos, y sostuvo que tiene la esperanza de que estos funcionarios sean separados nuevamente de sus cargos.
Weeden advirtió que la investigación contra estos funcionarios continuará en el Ministerio Público, al tiempo que reiteró que la emisión de estos bonos fue "ilegal" y violentó la seguridad económica del país, porque se emitieron documentos fuera de la jurisdicción del Estado panameño.
"Le tocará al Ministerio Público seguir con el proceso penal para establecer si hubo o no delito en un hecho tan lamentable como éste", sostuvo.
Añadió que de ahora en adelante le colocará "más miradas" a la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines, para evitar que se vuelvan a repetir casos similares al de esta emisión de bonos.
El contralor dijo que el fallo de la Corte que levantó la medida cautelar contra Rosales de Ardines y los concejales no entró a determinar si éstos son inocentes o no, sino que estableció únicamente que el fiscal auxiliar de la república no puede separar de su cargo a un funcionario de libre elección.
