El contralor de la República, Alvin Weeden, manifestó ayer que aún se desconoce cuál será el destino de la alcaldesa separada de Colón, Matilde Rosales de Ardines, cuando se cumplan a principios del próximo mes, los 30 días que fueron ordenados para su separación, por la Gobernación de la provincia.
Advirtió que la orden para que la alcaldesa de la ciudad de Colón se mantenga separada de su cargo continúa vigente, ya que el acto administrativo de separación dictado por la gobernadora es legal, sin embargo, confesó que desconoce qué sucederá al cumplirse el mes de suspensión.
Al cumplirse los 30 días existe la posibilidad que la alcaldesa pueda retornar a su cargo, dijo Weeden, sin embargo, agregó hay que esperar qué circunstancias se dan de aquí hasta que se cumpla la fecha.
Sólo está pendiente esperar la decisión que adopte el Ministerio Público, de establecer el tipo de delito en que se enmarca esta acción, mientras que la Contraloría ya cumplió con su objetivo de esclarecer internacionalmente que los bonos emitidos por el Municipio de Colón eran falsos, y que no contaban con el aval del Estado; y a lo interno del país, la institución fiscalizadora demostró que actúa con firmeza en casos en donde se violente la ley.
Por otro lado, un informe preliminar sobre la investigación que se desarrolla en torno al destino y el proceso de compras, utilizados para adquirir un número no precisado de computadoras para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), será entregado al Contralor General de la República, Alvin Weeden.
El funcionario señaló que la institución investigará todos los hechos irregulares que se den en diferentes instituciones del Estado, donde está en juego el manejo de los recursos públicos.
Igualmente, Weeden reveló que en los próximos días, hará público el informe preliminar sobre las investigaciones que se están haciendo en torno al manejo de los recursos de la Caja de Seguro Social y posteriormente será sometido a las instancias judiciales correspondientes.
Reveló que la Contraloría realizó una investigación, sobre la colisión de dos vehículos oficiales que eran conducidos por familiares de representantes de corregimiento del distrito de Barú en la provincia de Chiriquí, y que dejó como saldo pérdida total de los automóviles.
Este caso, será trasladado al Ministerio Público y a la Dirección de Responsabildad Patrimonial con el fin de que los responsables sean sancionados tanto en la esfera penal como en la patrimonial.
Las declaraciones del contralor se produjeron en el acto donde le fueron presentados al rector de la Universidad de Panamá, Julio Vallarino, los planes de estudio para dos nuevas licenciaturas en Fiscalización y Gestión Pública, la que será sometida para su debida aprobación.
Al respecto, Weeden, señaló que la Contraloría organiza desde hace varios meses el funcionamiento del Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública, que impartirá estas dos nuevas carreras a partir de enero próximo y en el cual ingresarán funcionarios que laboran en diferentes entidades del sector público, nacional y de otros países de la región centroamericana.
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