Al responder por escrito a una solicitud de Jované sobre las compras menores y los bienes en los que se produjo un sobreprecio de más de B/.13 millones, Weeden indicó que el Informe de Auditoría 068-11-00-DGA-D.A.F.O., relacionado con este asunto, le fue remitido a Jované el 22 de marzo de 2001, por lo que le era conocido.
"En conferencia de prensa celebrada el 22 de marzo de 2001, le entregué, en presencia de los medios de comunicación, copia del mismo y con lujo de detalle se le explicaron los hallazgos encontrados en la investigación", sostuvo Weeden.
Agregó que también se estableció que durante el 1 de enero de 1996 al 30 de junio de 2000, se efectuaron compras directas en distintas policlínicas del país, a pesar de existir medicamentos en el inventario de los depósitos, figurando como responsables la ex directora de la institución, Marianela Morales, y otros directivos. "Nos extraña sobremanera que solicite información sobre este hecho", subrayó el contralor.
Jované también solicitó a Weeden el nombre de los funcionarios de la CSS que tramitaron dichos actos de compra, el nombre de los fiscalizadores de la Contraloría que refrendaron los sobreprecios, así como las fechas en que se efectuaron los actos de compras menores.
Para Weeden, es triste que Jované "no se ha tomado la molestia de leer" el Informe de Auditoría que le entregó el año pasado.
Añadió que a Jované en "múltiples ocasiones" la Contraloría le ha suministrado el nombre y cargo de los servidores de la CSS, que se encuentran vinculados a hechos irregulares, sin embargo, "no ha tomado las acciones legales que en cada caso se amerita".
Según Weeden, los actos de adquisición de medicamentos y equipos en la CSS no van acompañados de la transparencia necesaria, por lo que terminan siendo lesivos para el patrimonio de esta institución.
El contralor puntualizó que la "membrana de corrupción" en la CSS, coloca constantemente a los fiscalizadores de la Contraloría, en una especie de necesidad en el refrendo de los sobreprecios.
Explicó que ciertos servidores públicos de la CSS, se sirven de la demora dolosa de los trámites en los procesos de contratación en la entidad, para crear situaciones en las que se pone en peligro la vida de los pacientes y asegurados.
Para evitar un mal mayor, los funcionarios de la Contraloría "se ven obligados a refrendar actos censurables" desde el punto de vista legal, moral y que van en detrimento de los intereses del Seguro Social, señaló Weeden.
A su juicio, estos hechos "revelan la existencia de una cadena de corrupción" a lo interno de la CSS, y constituyen "conductas dolosas" que van en detrimento del patrimonio de la institución.
Para la magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cuando se habla de maltrato o abuso no sólo se debe pensar en protección física, sino en la protección de los derechos de esa persona, derechos violados, omitidos con estas circunstancias de maltrato", porque realmente ¿qué se le hace a un niño cuando se le maltrata, cuando se le abandona?
Plantea que no sólo es daño físico, sino abuso total y violación de los derechos de ese niño a su salud, a su desarrollo, a su paz, a su tranquilidad, a su ambiente familiar adecuado, a su espacio en esta sociedad.
Troitiño sustenta que a este problema no se le da el tratamiento adecuado y se quiere ver los derechos de la infancia como una acción de beneficencia, de caridad, "pero el derecho no es asunto de caridad, es asunto de democracia y los niños no son considerados por la democracia".
El Estado, afirma, debe considerar y diferenciar si esos padres no están cubriendo las necesidades básicas de sus hijos por maltrato, negligencia o porque no pueden. Explica que no se le puede quitar a una madre o padre sus hijos porque son pobres o acusar de negligencia o de abandono a una madre que está sola y vive con sus hijos en la miseria absoluta y el papá no existe. Esa gente quiere maltratar a sus hijos o no puede atenderlos, pregunta.
La magistrada presenta otra cara del maltrato: la pobreza que está afectando la vida de las familias. ¿Debemos quitarle a ese niño el derecho de tener a su madre?, pregunta.
Y precisamente esa respuesta que da el Estado la ha marcado como autoridad. Cuenta historias de adolescentes que han tenido dos y tres sus hijos y estos niños son entregados a hogares en mejores condiciones.
Un caso en especial lo tiene en su mente. Una joven que a los 18 años quiso recuperar a sus hijos cinco años después de habérseles entregado en adopción a una familia. Su historia, es la de una chica que fue violada a los 9 años por su papá, a los 13 ya tenía un hijo, a los 15 otro y a los 17 el tercero, en total miseria. Era una adolescente que requería de la protección de sus derechos y de verdaderas oportunidades para atender a sus hijos y desarrollarse ella como persona.
"Lo que aquí se necesita es un seguimiento para ayudar a la familia y no sacar al niño de su entorno, o que se encarguen otros familiares".
Piensa que el tema de la niñez no es realmente prioritario.. no hay un movimiento social que reclame los derechos de la infancia.
Troitiño destaca amargamente que en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades contra la niñez y en nombre del amor tenemos la muerte de niños. Según estadísticas del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el 90 por ciento de los abusos sexuales de los menores se dan dentro del seno familiar.
La directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Dra.Maribel de Lobo, informa que atienden entre 5 y 10 casos diarios de denuncias de maltrato infantil de cualquier forma, ya sea por abandono, maltrato físico, emocional, psicológico o el abuso sexual.
El maltrato que más se denuncia es el físico, un 60 por ciento, mientras que el mayor es el psicológico o emocional, pero no se revela, aseguró Lobo. Sólo en el Hospital del Niño se han atendido en el primer semestre de este año 131 casos, mientras que el año pasado en los 12 meses se registraron 173, cifras que revelan la gravedad de esta situación.
Precisamente esta dirección tiene entre sus funciones la protección de estos menores en riesgo social o en situaciones especialmente difíciles, como las enunciadas. Frente a estas agresiones lo primero que hace la dirección es brindarles protección.
Explica la Dra. Lobo que el ministerio tiene opciones como los hogares sustitutos y las instituciones de protección a la niñez. Los hogares sustitutos son madres que se ofrecen para cuidar a estos niños con perfil de maltrato, abandono y el ministerio les da un subsidio. Para contar con la aprobación, esta madre debe pasar una evaluación socioeconómica y psicológica.
"Hasta personas pobres están cuidando niños y le damos un subsidio. Tenemos casos de personas que han llenado las expectativas", aseveró Lobo.
Aclara que no todos los hogares sustitutos son subsidiados. "Puede ser un tío, un abuelo, una tía, un primo. Tratamos de buscar un hogar sustituto que tenga la solvencia y un familiar es lo ideal, es lo primero que siempre se investiga".
Si no hay un hogar sustituto se busca en el banco de datos una madre sustituta, y en última instancia, se recurre a las instituciones de protección a la niñez, consideradas alternativas de protección temporal porque el ambiente es bonito, pero no el ideal porque se le ve al niño como un todo y no individualmente, dijo Lobo.
Pero la dirección no sólo da tratamiento, también tienen programas de prevención como "Quiero ser", que es para niños que no están en riesgo social pero viven en situaciones de extrema pobreza, tienen mala conducta y les va mal en la escuela.
"No sólo estamos dando tratamiento, estamos previniendo el maltrato", reafirmó la Dra. Lobo. La Dra. Nilda Santamaría, encargada del departamento de Salud Mental del Hospital del Niño, manifiesta que los casos que más se presentan son los de abuso físico, con menor frecuencia el sexual y en menor grado el psicológico.
Considera que el abuso psicológico es muy difícil de diagnosticar, pero advierte que está presente en todas las otras formas de abuso. "Cuando a una persona la abusan físicamente también le crean un abuso psicológico. Cuando la abusan sexualmente también, porque le están afectando su autoestima, seguridad; si alguien te golpea te está irrespetando, minimizando, despierta sentimientos de impotencia, de infelicidad, y eso es abuso psicológico toda la distancia".
En los abusos sexuales se da con mayor razón, porque obligan al menor a una actividad para la que no ha está preparado, que no desea y se abusa de su confianza porque él puede creer que es algo normal, ya que se trata de una persona de su familia, asegura.
Cuando un niño está hospitalizado y el diagnóstico es una sospecha de maltrato, el departamento de Trabajo Social envía un formulario al Ministerio de la Juventud, donde según Santamaría, deciden con quién se va el paciente tan pronto se le da de alta. "Nosotros no tenemos ninguna potestad para tomar ese tipo de decisiones".
Sobre las historias de abuso en el Hospital del Niño, revela situaciones extremas que van desde mordeduras, fracturas y hematomas, hasta la muerte de los pequeños. "Hemos tenido niños hospitalizados en cuidados intensivos que no han sobrevivido al maltrato".
La psiquiatra Santamaría considera que hay mucha crueldad, sobre todo mucho método de corrección errado. "La gente sigue diciendo a mí me pegaron y aquí estoy, que la letra entra con sangre; la gente de todos los niveles, inclusive los médicos, sigue justificando el maltrato físico".
Explica que bajo la vigencia de la ley 27 de junio de 1995, reformada por la ley 38 de julio de 2001, se han presentado situaciones inmanejables de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
Con la ley 38, la situación cambió porque todo conflicto dentro del hogar se ve como violencia doméstica sea un adulto o menor de edad la víctima. "No hace distinciones, pero las penas varían". Estas aumentaron de 1 a 3 años, o hasta los 5 años, dependiendo del daño, señala Pineda.
Sostiene que las leyes son efectivas y que hay fiscales especializados atendiendo esta materia y su trabajo lo examina un juez quien toma la decisión. "Los pasos se están cumpliendo, quizás el trámite es un poco demorado por falta de recursos humanos y material".
Expresa que la ley establece medidas especiales de protección para los niños mientras dure el proceso. Los niños quedan bajo protección dependiendo de quién es el acusado, si es el padre o la madre.
De los casos de maltrato o abuso el que más se presenta es el de agresión física extrema, como las quemaduras.. "Para mí ese es un caso gravísimo aparte del sexual que es muy frecuente". "Ambos son gravísimos porque dejan marca para toda la vida. Opina que los 12 juzgados de familia no son suficientes y por eso la ley se reformó. Explica que la ley 40 de responsabilidad penal, estableció los juzgados penales de adolescencia porque los jueces de niñez y adolescencia ven ambas materias y no se dan abasto.
Referente al aumento de penas dijo que la ley se ha ido ajustando, haciendo proporcional las sanciones a los transgresiones. Lo que queremos es que la persona se rehabilite, pero que se proteja y se respeten los derechos de los niños, asegura Pineda.
Sobre los abusadores sexuales dice que son un peligro porque si abusan de su propia hija, ninguna niña ni adolescente está segura, "entonces hay que tomar medidas drásticas e imponerle la sanción que la ley establezca, sea buena, mala alta, proporcional al daño que hizo. No lo sé, es cuestión de criterio, pero la ley debe contemplar sanciones ejemplares en ese tipo de delito". La magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño cree que sí se necesita un aumento de penas cuando los niños y las niñas son víctimas, pese a la modificación de la legislación, sobre todo en el tema de la violación.
Aunque se ha dado el aumento cree que no se logra esa dureza y por ello se inclina al endurecimiento, porque la condición de las víctimas sencillamente no se valora.
Piensa que debería haber un movimiento social para agravar estas penas cuando los niños son las víctimas.
Troitiño propone que este endurecimiento, además de la sanción, conlleve la obligatoriedad de indemnizar a esa criatura para que le permita cubrir su tratamiento psiquiátrico y psicológico de calidad, debido a que ni en los centros de salud ni en los hospitales los tienen, ya que una verdadera recuperación psicológica cuesta y eso no se da.
Lo que tenemos que procurar es la efectividad de la ley, asegura, pero para ello se deben flexibilizar o adecuar los procedimientos y exigencias a la situación de estas.
