A pesar que el dirigente perredista Hugo Torrijos, se presentó a la Contraloría para exigir una explicación por la cautelación de sus bienes en el proceso seguido a la empresa Ports Engineering and Consultans, el contralor Alvin Weeden le negó el levantamiento de la medida cautelar.
Según Weeden, Torrijos debe responder ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), por la mala prestación del servicio de señalización y ayuda a la navegación en los puertos de Balboa, Cristóbal, Bahía Las Minas y Rodman que entregó en concesión durante su administración en la Autoridad Portuaria.
Agregó que la Contraloría remitirá este expediente a la jurisdicción norteamericana para los efectos de una instrucción internacional del acta de corrupción de Estados Unidos, pues existen dos ciudadanos estadounidenses vinculados al presunto delito de lesión patrimonial incurrido por esta empresa.
Minutos antes que Torrijos se encontrara cara a cara con el contralor, el político perredista dio una conferencia donde sostuvo que es ilegal la retención de sus bienes, ya que en la Corte Suprema de Justicia queda un recurso por resolver contra la presunta ilegalidad de la concesión.
Torrijos reafirmó que no tiene vínculo alguno con la citada empresa y que no existe delito en entregar una concesión a una compañía recién establecida en nuestro país, pues asimismo se han hecho otros refrendos sin requerir investigación.
A su criterio, la eficacia de una empresa se mide en la prestación del servicio o en la calificación para adjudicarse la concesión y no en su tiempo de creación.
Agregó que esta compañía tenía soportes internacionales y sostuvo que lo que existe son ganas de “joder”.
