El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, afirmó ayer que es necesario que Panamá reforme su legislación para penalizar cualquier hecho que ponga en peligro la seguridad de la vía interoceánica.
A juicio del funcionario, actualmente existe un vacío jurídico en la legislación panameña, porque no están penalizados ni especificados los hechos que puedan poner en peligro el funcionamiento del Canal.
Sostuvo que ya el Ministerio de Gobierno y Justicia está trabajando en esta iniciativa para reforma el Código Penal y establecer penas contra cualquier atentado que afecte la vía.
Consideró que esta propuesta es conveniente porque nadie debe jugar con el patrimonio más importante del país, que brinda un servicio al mundo entero.
Precisó que se deben adecuar las leyes porque el Canal era administrado bajo las normas federales y ahora se tiene que regir por las panameñas.
Penas de 15 a 20 años de prisión para cualquier persona que inutilice, dañe o afecte el funcionamiento de alguna de las esclusas del Canal de Panamá, establecen las reformas al Código Penal, que elabora el Gobierno Nacional.
El proyecto de reformas al Código Penal contiene normas que tipifica como delito, cualquier medida que afecte o ponga en peligro el funcionamiento del Canal de Panamá.
Otros de los artículos establece que todo aquel que causara incendio, estragos o cualquier daño a las instalaciones de la vía interoceánica, aunque no afecte su operación, será castigado con pena de cinco a diez años de prisión.
Recientemente, un grupo de manifestantes de la provincia de Colón intentaron tomarse las esclusas de Gatún, lo que motivó que unidades de la Policía Nacional actuaran para evitar esta acción que pondría en peligro el funcionamiento del Canal.
Diversos sectores, incluyendo altos efectivos militares norteamericanos, han advertido la posibilidad de que el Canal sea blanco de ataques terroristas.
El gobierno panameño asumió la administración total de la vía interoceánica el pasado 31 de diciembre.
