Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis institucional en la que se hundió un poco más esta semana debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición como consecuencia de un decreto aprobado en enero pasado por el presidente Daniel Ortega.
La Asamblea Legislativa se mantiene paralizada desde el pasado 24 de febrero y este año sólo ha aprobado una ley -para defender a los morosos de sus deudas con los bancos- debido a las marcadas diferencias entre los sandinistas y los liberales por el decreto que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año.
La crisis alcanzó de pleno esta semana a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados sandinistas y liberales se desautorizan entre sí; se acusan mutuamente de "matones" y hasta se dan ultimátums para abandonar las oficinas de ese poder del Estado, que es tierra de nadie.
Y es que la crisis en la Corte Suprema, que la prensa local ha calificado como "circo", llega ya hasta las estructuras menores del Poder Judicial, y trabajadores de juzgados y tribunales de Managua anunciaron marchas en favor de los magistrados sandinistas.
"La verdad es que ya estamos en una situación de facto en este país", dijo hoy a periodistas el ex magistrado Alejandro Serrano Caldera, tras destacar que en la Corte Suprema existe "una guerra de carácter político" entre sandinistas y opositores que "no debería existir en un órgano jurisdiccional y constitucional".
El presidente Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral, tres de la Corte Suprema, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, facultad que corresponde al Parlamento.
Ortega aprobó el decreto después de que la oposición llegara a un pacto en noviembre pasado para no ratificar ni renovar en la Asamblea a las autoridades que concluían mandato "mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo a los preceptos constitucionales".
Mientras el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente, el Parlamento funciona a medio gas desde octubre pasado, cuando comenzó a gestarse la actual crisis después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
El fallo dictado en una sesión repentina, celebrada sin los magistrados liberales miembros de la Sala Constitucional y con sustitutos, fue criticado por la oposición, que prometió entonces unidad para contrarrestarlo.
Ahora, los sandinistas acusan de boicotear el trabajo del Ejecutivo a los opositores, y éstos dicen que el presidente quiere instaurar una "dictadura" institucional en este país.
"En Nicaragua estamos asistiendo a una lucha por el poder, intensa", reconoció el ideólogo sandinista William Grigsby, al comentar en un documento distribuido hoy por el Gobierno la situación.
"En el actual estado de cosas hay una lucha política para ver quién, finalmente, tiene los magistrados en la Corte Suprema y quien tiene los magistrados en los otros poderes del Estado. Hay una lucha política por controlar esos distintos instrumentos de poder", afirmó Grigsby, también director de la emisora La Primerísima.
Los sandinistas no tienen mayoría en el Congreso para elegir o ratificar a esos funcionarios y recurrieron a un decreto y a un artículo de la Constitución de 1987 -que para la oposición es transitorio- para defender que los magistrados permanezcan en sus cargos hasta que sean nombrados sus sustitutos.
La pugna entre ambas fuerzas antagónicas en la Corte Suprema ha llevado a magistrados sandinistas a avalar, mediante sentencia, el decreto aprobado por Ortega, y a los jueces liberales a rechazarlo.
Para el sandinista Dionisio Marenco, ex alcalde de Managua, la actual crisis se resolvería si las diversas fuerzas políticas en el Congreso negociaran y eligieran cuanto antes a esos funcionarios.
Marenco, distanciado políticamente de Ortega aunque aún militante de su partido, pronosticó hoy en declaraciones a periodistas que la elección de esos funcionarios va a ocurrir cuando se ponga más tensa la situación, porque, según dijo, los políticos nicaragüenses están acostumbrados a negociar "al borde del abismo".
El Ejército de Nicaragua ha dicho que se mantendrá "ajeno" a las pugnas políticas que sostienen el oficialismo y la oposición.
