La deuda actuarial que tiene la Caja de Seguro Social (CSS) con sus pensionados asciende a 13,000 millones de dólares, lo que representa el 132% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este es el cálculo, de lo que la CSS le debe a los actuales pensionados y a los trabajadores activos que entrarían, en un futuro, al sistema de pensiones.
De acuerdo con un análisis realizado por Fernando Alarcón Mantilla de la Administración de Fondo y Pensiones y Cesantías (ASOFONDOS) de Colombia, la situación es insostenible, por lo que se necesita una reforma estructural.
En tanto, exministro de Economía, Guillermo Chapman, señala, en un estudio que presentará hoy, ante el Foro: "Reformas a los Sistemas de Pensiones, sus Efectos y Retos", que el problema no se enfrentará antes del inicio de la nueva administración presidencial, en septiembre de 2004.
Chapman puntualiza en sus notas, que en los estudios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de 1998 y 2001, el déficit aumentó en 5,600 millones de dólares. La OIT estimó que el agotamiento de las reservas se reflejaría en el 2017, pero todo indica que esto sucederá a inicios de la próxima década.
Según Chapman, los beneficios son muy generosos con relación a los aportes, mientras que se ha reducido la relación entre cotizantes y pensionados.
Además, precisó que a falta de otras fuentes de financiamiento, habría que dejar de pagar las pensiones. Una alternativa es que las asumiera el Gobierno Central, aunque esto parece casi imposible. De acuerdo a ambos expositores, uno de los desafíos más grandes, es incrementar la eficiencia general de la economía. Además, de promover más ahorros y profundidad en el sistema financiero. Sin embargo, el modelo que se acoja en la transición crearía costos, en especial para el fisco.
De acuerdo con Chapman, la alternativa más viable es la aplicación del sistema mixto, en donde se conjugaría el esquema de reparto y sistema de capitalización plena individual (CPI). El sistema de reparto se reformaría para lograr su sostenibilidad financiera, con el incremento de las cuotas, aumento de la edad de jubilación y mayor tiempo en el sistema.
El CPI se basa en una cotización definida por el asegurado, que se aporta en una cuota individual. Los beneficios serían indefinidos, ya que resultarán de los aportes y del rendimiento acumulado de cada cuenta. El tanto, el Estado debe asumir el pasivo de cada cotizante actual que se pase al CPI. No obstante, este método no es viable como sustituto del sistema de reparto. Aplicar los dos esquemas, implicaría que la pensión máxima del sistema de reparto se reduzca, aunque ajustable a la inflación.
Pero se necesitan también, otro requerimientos macroeconómicos, como elevar el PIB real al 4% y mantener un superávit primario del Sector Público No Financiero por el orden del 3.5% del PIB. Con el sistema mixto, el régimen complementario sería obligatorio para asegurados de cierto nivel. Por otro lado, el Estado debe asegurar una pensión mínima a los cotizantes que no califiquen.
Según Chapman esta propuesta sería la de más fácil aceptación, porque implicaría menos ajustes por aumento de aportes y porque tiene un elemento de solidaridad adicional o impuesto a los cotizantes de mayor ingreso. Se necesita una legislación moderna, y la administración de la cartera de inversión del ente público, debe estar sujeta al nuevo marco regulatorio.
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